La Asociaci\u00f3n Dominicana de Profesores (ADP) ha propuesto la emisi\u00f3n de un reglamento nacional sobre videovigilancia escolar, con la participaci\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n, padres y sociedad civil. Esta propuesta busca establecer un marco regulatorio claro y consultado con la comunidad educativa para la instalaci\u00f3n de c\u00e1maras de videovigilancia en los centros escolares.<\/p>\n\n\n\n
La ADP tambi\u00e9n plante\u00f3 la constituci\u00f3n de una mesa de di\u00e1logo con la participaci\u00f3n de la ADP, el Ministerio de Educaci\u00f3n (Minerd), el Defensor del Pueblo, padres y amigos de la escuela, Unicef y otros sectores sociales. Adem\u00e1s, sugiri\u00f3 establecer sanciones claras por el uso indebido de grabaciones o instalaci\u00f3n irregular de sistemas de videovigilancia.<\/p>\n\n\n\n
En una nota de prensa, la ADP expres\u00f3 que no se opone a la adopci\u00f3n de medidas leg\u00edtimas de seguridad, siempre que estas no vulneren el derecho a la intimidad ni criminalicen al magisterio o al estudiantado. La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida, pero la implementaci\u00f3n de c\u00e1maras de vigilancia no puede ser impuesta de manera unilateral, sin regulaci\u00f3n legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa.<\/p>\n\n\n\n
La ADP consider\u00f3 oportuno tomar en cuenta la jurisprudencia y las opiniones institucionales, como la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano (TC\/0096\/19), que reconoci\u00f3 la necesidad de adoptar medidas tecnol\u00f3gicas para prevenir la inseguridad, pero con l\u00edmites razonables que no vulneren el derecho a la intimidad. Adem\u00e1s, cit\u00f3 las posiciones del Defensor del Pueblo y la Procuradur\u00eda de Protecci\u00f3n de la Ni\u00f1ez, quienes han manifestado que cualquier pol\u00edtica de videovigilancia en escuelas debe centrarse en la protecci\u00f3n del menor y no en el control disciplinario o punitivo encubierto.<\/p>\n\n\n\n
La ADP tambi\u00e9n analiz\u00f3 el tema del consentimiento y la transparencia, afirmando que toda instalaci\u00f3n de c\u00e1maras debe ser informada y consentida por las familias, docentes y personal administrativo. El consentimiento debe ser libre, informado y espec\u00edfico, en conformidad con la Ley 172-13 sobre Protecci\u00f3n de Datos de Car\u00e1cter Personal. Adem\u00e1s, consider\u00f3 que la medida debe estar justificada por un diagn\u00f3stico de riesgos objetivos y no puede instalarse de forma generalizada o indiscriminada.<\/p>\n\n\n\n
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