Cuando la pandemia de COVID-19 azotó al mundo en 2020, República Dominicana, como muchos países, enfrentó una crisis económica sin precedentes. Sin embargo, mientras otros sectores se contraían, la minería se convirtió en un pilar fundamental que sostuvo programas sociales y mantuvo a flote la economía. Cinco años después, en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (FILSD), el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, presentó un plan que no solo consolida el papel de la minería, sino que también proyecta un futuro donde la energía y los recursos naturales serán los motores del desarrollo nacional. «La minería nos salvó en la pandemia, y ahora será clave para nuestro futuro», declaró Santos durante su conferencia «Energía que transforma, conocimiento que ilumina: El futuro sostenible de República Dominicana», donde detalló cómo el país está diversificando su economía mediante una estrategia integral que abarca hidrocarburos, energías renovables y minerales críticos.
Uno de los puntos más destacados de la presentación fue el anuncio de que República Dominicana sí tiene reservas de gas y petróleo, un hallazgo que podría reducir la dependencia del país de las importaciones de combustibles fósiles. Santos explicó que, tras años de estudios geológicos, se ha confirmado la existencia de estos recursos, aunque aún se debe determinar su viabilidad económica. Para avanzar en este sentido, anunció que en noviembre de 2026 se llevará a cabo una segunda ronda petrolera, un proceso que buscará atraer inversión privada para la exploración y explotación. Además, reveló que las exploraciones en Montecristi comenzarán el próximo mes, un paso que marca el inicio de una nueva era en la historia energética del país. «Estamos en un momento histórico. Si explotamos estos recursos de manera responsable, podríamos generar miles de empleos y reducir nuestra factura petrolera en miles de millones de dólares», afirmó el ministro, quien también mencionó los acuerdos con la Universidad de Texas para modernizar el marco regulatorio del sector.
En el ámbito minero, Santos destacó que el país está a punto de dar un salto cualitativo con la actualización de la ley minera de 1971, un paso necesario para alinearse con los estándares internacionales y atraer inversión responsable. Además, resaltó el potencial de las tierras raras en Pedernales, un proyecto que podría posicionar a República Dominicana como un actor clave en la cadena de suministro global de minerales críticos para tecnologías verdes. «Las tierras raras son esenciales para la transición energética global, y nosotros tenemos la oportunidad de ser líderes en su producción», declaró Santos, quien proyectó que para 2026 se podrán declarar las primeras reservas oficiales de estos minerales. Recordó que, durante la pandemia, las exportaciones de oro generaron US$1,712 millones, fondos que ayudaron a financiar programas sociales como «Quédate en Casa» y subsidios a familias vulnerables. «La minería no es solo extracción; es una herramienta para el desarrollo social», subrayó.
En el sector energético, el ministro presentó datos que reflejan una transformación radical en la matriz energética del país. En el año 2000, el 88% de la energía provenía del petróleo, una dependencia que dejaba a la economía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Hoy, la matriz está más equilibrada: el 39.6% proviene del gas, el 28.1% del carbón y el 8.4% de la energía solar, con un crecimiento acelerado en fuentes renovables. «Hemos reducido nuestra dependencia del petróleo en más de un 50%, y seguiremos avanzando hacia una matriz más limpia y diversificada», aseguró Santos, quien también mencionó los 64 proyectos de energía renovable que están en fase de desarrollo, incluyendo parques solares y eólicos que podrían añadir más de 1,000 MW a la capacidad instalada en los próximos años. Sin embargo, reconoció que aún quedan desafíos por superar, como los 64,144 hogares sin acceso a electricidad, un problema que requiere una inversión de US$130 millones en cinco años, además de entre US$200 y US$350 millones anuales para mejorar la infraestructura y combatir el fraude.