Un análisis profundo del Decreto 569-25 y su impacto en la calidad educativa
Santo Domingo, 2 de octubre de 2025 — Con la firma del Decreto 569-25, el presidente Luis Abinader ha enviado un mensaje claro: la corrupción en el sector educativo no será tolerada. La designación de Julio Cordero como comisionado para revisar los contratos de mantenimiento escolar no es solo una medida administrativa, sino un compromiso con la transparencia y la calidad de la educación pública.
El Decreto 569-25: ¿Qué dice exactamente?
El documento, publicado en la Gaceta Oficial, establece que el comisionado tendrá las siguientes funciones específicas:
- Revisar y fiscalizar todos los contratos de mantenimiento correctivo en escuelas públicas.
- Coordinar con el Minerd para identificar prioridades en infraestructura.
- Presentar informes periódicos al Presidente y al Ministerio de la Presidencia.
- Proponer medidas correctivas para mejorar los procesos de contratación.
- Garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente.
Además, el decreto exige que todos los organismos públicos involucrados en contratos escolares colaboren plenamente con la comisión, bajo pena de sanciones administrativas.
«Este decreto es un paso importante, pero su éxito dependerá de la voluntad política para implementarlo», señaló María Elena Pérez, directora de Educa, una ONG dedicada a la mejora educativa.
Los contratos de mantenimiento: Un sector con sombras
El mantenimiento de infraestructura escolar ha sido históricamente un foco de irregularidades. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), entre 2015 y 2022:
- El 25% de los contratos presentaba sobrecostos injustificados.
- El 18% de las empresas contratadas no cumplía con los requisitos técnicos mínimos.
- En el 12% de los casos, los trabajos nunca se ejecutaron, pese a haberse pagado.
«Es un sector donde la opacidad ha sido la norma. Esperamos que esto cambie», comentó Pedro Martínez, investigador de la UASD.
Julio Cordero: El desafío de limpiar un sistema corrupto
Cordero enfrenta un reto monumental:
- Resistencia burocrática: Algunos funcionarios podrían obstaculizar el proceso.
- Presión de intereses: Empresas con contratos irregulares podrían intentar influir en la comisión.
- Falta de recursos: La fiscalización requiere personal capacitado y tecnología.
Sin embargo, su experiencia previa en la Contraloría y su reputación de integridad lo perfilan como el candidato ideal. «No voy a defraudar la confianza del presidente ni del pueblo dominicano», declaró en su primer discurso como comisionado.
Metodología de trabajo: ¿Cómo se hará la revisión?
La comisión utilizará un enfoque en tres fases:
- Fase de diagnóstico (0-3 meses):
- Recolección de todos los contratos firmados desde 2020.
- Entrevistas con funcionarios, contratistas y directores de escuelas.
- Visitas a una muestra representativa de centros educativos.
- Fase de análisis (3-6 meses):
- Cruce de datos con la Contraloría y la Dirección de Contrataciones.
- Uso de software especializado para detectar anomalías.
- Elaboración de un informe preliminar con hallazgos.
- Fase de acción (6-12 meses):
- Implementación de medidas correctivas.
- Sanciones a responsables de irregularidades.
- Propuestas para reforma del sistema de contrataciones.
«La metodología es sólida, pero el éxito dependerá de la independencia de la comisión», opinó Luis Gómez, auditor externo.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos?
El decreto contempla la participación ciudadana como un pilar fundamental. Se espera que en las próximas semanas se lance una plataforma digital donde:
- Padres y docentes puedan reportar irregularidades.
- Contratistas puedan presentar pruebas de trabajos bien ejecutados.
- La sociedad civil pueda monitorear el avance de la comisión.
«La transparencia no es solo responsabilidad del gobierno, sino de todos», afirmó Carla Núñez, de Transparencia RD.
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