La redada realizada este martes por agentes de ICE, la Patrulla Fronteriza y el FBI en el corazón del Barrio Chino de Nueva York dejó un saldo de nueve detenidos, cuatro de ellos por presunta agresión a oficiales, y una comunidad inmigrante en estado de alerta máxima. Aunque las autoridades justificaron el operativo como una acción contra la venta de productos falsificados, el despliegue masivo de agentes y el uso de fuerza generaron caos, enfrentamientos y una ola de temor que se extendió más allá de Canal Street.
«Nosotros pagamos impuestos. Esto es una violación a nuestros derechos», declaró un vendedor vietnamita que, como muchos otros, salió a trabajar este miércoles con miedo pero sin alternativas. El operativo, descrito por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como una «operación basada en inteligencia», se centró en delitos como falsificación y tráfico de mercancías ilegales. Sin embargo, testigos denunciaron que los agentes pidieron documentación a vendedores sin distinción, incluso a aquellos que no estaban involucrados en actividades ilícitas.
El impacto fue inmediato: cientos de puestos callejeros no abrieron este miércoles, y los que lo hicieron lo hicieron con recelo. «Pensar que ahora no solo debemos temerle a la policía, sino a ‘La Migra’ y a la deportación, es horrible», compartió «Berta», una vendedora de tamales mexicana que trabaja en Sunset Park, Brooklyn. Su testimonio refleja el miedo generalizado entre los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales dependen de la economía informal para sobrevivir.
Mientras, activistas y abogados cuestionaron la legalidad del operativo. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, pidió a los ciudadanos que documenten y reporten cualquier abuso, asegurando que su oficina investigará posibles violaciones a los derechos civiles. «Nueva York es una ciudad de inmigrantes. No podemos normalizar este tipo de redadas», advirtió.
El debate ahora gira en torno a dos preguntas clave: ¿Fue este operativo un intento legítimo de combatir el crimen, o el inicio de una militarización de las calles bajo el pretexto de la seguridad? Y, más importante aún: ¿Qué pasará con los miles de vendedores ambulantes que, sin papeles pero con familias que mantener, ahora temen salir a trabajar?
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