El gobierno de Perú, bajo el mando del presidente José Jerí, declaró este miércoles un estado de emergencia que suspende derechos constitucionales, como el derecho a la protesta, en un esfuerzo por combatir el crimen organizado que azota al país. La medida, que se extenderá por 30 días, incluye el despliegue de militares en Lima y la prohibición de que dos adultos viajen en una misma motocicleta, aunque esta última norma no se está cumpliendo, según The Associated Press.
El decreto también permite a la policía exigir documentos de identidad en calles y autobuses, y establece restricciones en las cárceles, como la reducción de visitas a los reos, la limitación del suministro eléctrico en las celdas y la destrucción de antenas telefónicas ilegales cerca de los centros penitenciarios. Estas acciones buscan cortar las comunicaciones entre los reclusos y las redes delictivas.
La decisión llega en un contexto de creciente malestar social. La semana pasada, miles de jóvenes de la Generación Z salieron a las calles para pedir la renuncia de Jerí, en protestas que terminaron con un manifestante muerto y otro con fractura craneal grave. El primer ministro, Ernesto Álvarez, declaró que cualquier reunión de más de 3,000 personas requerirá autorización policial, y tachó a los manifestantes de «banda que quiere tomar por asalto la democracia», vinculándolos con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Sin embargo, los ciudadanos expresan desconfianza hacia estas medidas. «Los estados de emergencia no han servido antes. Las extorsiones y los asesinatos no paran», comentó Manuel Timoteo, un residente de Lima. «Los soldados aparecen unos días y luego todo sigue igual», añadió, reflejando el escepticismo hacia las acciones del gobierno.
El aumento de la violencia en Perú es alarmante. Según la fiscalía, los asesinatos aumentaron de 676 en 2017 a 2,082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión se dispararon de 2,305 en 2020 a 21,746 el año pasado. Jerí, quien asumió la presidencia el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, aún no ha aclarado si derogará seis leyes que, según expertos, han debilitado la lucha contra el crimen y que son rechazadas por los manifestantes.
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