El arresto de Mercedes Rodríguez, alias «La Bala», un exsargento mayor de la Fuerza Aérea que amenazó al presidente Luis Abinader en un video viral, ha puesto en evidencia un patrón preocupante en República Dominicana: el aumento de amenazas contra figuras públicas provenientes de exmilitares o personas con acceso a armas de fuego. Este caso, que se suma a otros similares en los últimos años, ha encendido las alarmas en los organismos de seguridad y ha llevado a una revisión de los protocolos para proteger a las autoridades.
Rodríguez, quien fue detenido en El Seibo tras difundir un video donde exhibía un fusil AK-47 y amenazaba al presidente, tiene un historial problemático. Fue dado de baja en 2020 por conducta inapropiada y había sido sancionado previamente por desacato a superiores. Sin embargo, lo más alarmante es que, en su declaración, mencionó que un «oficial de alto rango» le había proporcionado el arma, lo que ha llevado a las autoridades a investigar si hay cómplices dentro de las fuerzas armadas.
Este no es un caso aislado. En los últimos cinco años, ha habido al menos cuatro incidentes similares donde exmilitares o personas con vínculos a las fuerzas de seguridad han realizado amenazas públicas contra figuras del gobierno. En 2022, un exmilitar fue condenado a cinco años de prisión por amenazar al entonces presidente Danilo Medina. En 2024, un ciudadano común fue absuelto por falta de pruebas tras amenazar al alcalde de Santo Domingo, Raúl Mondesí. Y en 2025, un miembro de una banda criminal fue condenado a diez años por amenazas con arma de fuego contra un funcionario público.
El patrón es claro: muchos de estos incidentes involucran a personas con acceso a armas o con antecedentes militares. Esto ha llevado a las autoridades a cuestionar los controles internos dentro de las fuerzas armadas y a implementar medidas más estrictas para evitar la filtración de armamento. El Ministerio de Defensa ya anunció una revisión exhaustiva de los protocolos de custodia de armas, mientras que la DNI está investigando posibles vínculos entre Rodríguez y otros miembros de las fuerzas de seguridad.
Mientras tanto, el presidente Abinader ha recibido protección adicional, y se han reforzado los protocolos de seguridad en sus desplazamientos. Sin embargo, el caso de Rodríguez ha dejado al descubierto las vulnerabilidades del sistema y la necesidad de tomar medidas más contundentes para garantizar la seguridad de las figuras públicas.
Las preguntas clave siguen sin respuesta: ¿Hubo cómplices dentro de la Fuerza Aérea que facilitaron el arma a Rodríguez? ¿Existe una red más amplia detrás de sus acciones? Y, sobre todo, ¿qué medidas adicionales tomará el gobierno para evitar que este tipo de incidentes se repitan? Lo cierto es que este caso ha servido como un recordatorio de los riesgos que enfrenta la estabilidad democrática cuando exmilitares con acceso a armas deciden actuar fuera de la ley.