Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en 2021 han roto su silencio y denunciado ante la Justicia española presuntos casos de acoso sexual, explotación laboral y violencia psicológica. Representadas por Women’s Link, las denunciantes afirman que sufrieron agresiones sexuales, jornadas laborales extenuantes sin descanso, prohibición de salir de las propiedades y revisiones arbitrarias de sus teléfonos. Según Amnistía Internacional, estos hechos podrían constituir delitos de trata de seres humanos, trabajo forzado y violaciones a los derechos laborales, y ya están siendo investigados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Una de las mujeres describió la residencia del cantante en Punta Cana (República Dominicana) como «la casita del terror», donde, según su testimonio, fueron víctimas de agresiones sexuales, humillaciones y vejaciones sistemáticas. Además, aseguran que se les obligaba a someterse a pruebas médicas invasivas, como revisiones ginecológicas y tests de embarazo, sin justificación. Las denunciantes han aportado documentos, fotografías, grabaciones y mensajes que respaldarían sus declaraciones, según informaron eldiario.es y Univisión Noticias.
El caso ha generado una ola de apoyo por parte de organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que ha instado a las autoridades a investigar a fondo. Ana Rebollar, directora adjunta de la organización en España, señaló que «la violencia contra trabajadoras del hogar es una grave violación de derechos humanos» y que los Estados deben actuar para proteger a las víctimas. Mientras tanto, el entorno de Julio Iglesias no ha respondido a los intentos de contacto por parte de los medios, dejando sin aclarar su versión de los hechos.
Las denunciantes han sido claras en su motivación: «Hablamos para que otras no sufran». Una de ellas declaró que su decisión responde a tres razones: justicia personal, empoderar a otras mujeres para que alcen su voz y evitar que estos abusos se repitan en su país. La otra denunciante añadió que su objetivo es que «ninguna mujer vuelva a sufrir este tipo de abusos» y que se reconozca que las víctimas son sobrevivientes, no culpables. La Fiscalía ya ha abierto diligencias, pero el proceso podría ser largo, dado el alcance internacional del caso.