El caso Camaleón, uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente de República Dominicana, ha puesto en evidencia las fallas en la transparencia y la gestión de fondos públicos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó este domingo al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que envíe a juicio a Hugo Beras, exdirector del Intrant, Jochi Gómez, propietario de Aurix, y otros implicados en un esquema de estafa, lavado de activos y sabotaje tecnológico.
El Intrant en el centro del escándalo
El Intrant, una institución clave en la gestión del tráfico y el transporte en el país, se convirtió en el epicentro de un entramado corrupto que involucró contratos irregulares, desvío de fondos y manipulación de sistemas tecnológicos. Según la Pepca, los acusados utilizaron su influencia dentro de la institución para favorecer a empresas vinculadas, como Dekolor, PagoRD Xchange y Transcore Latam, que recibieron acceso privilegiado a recursos públicos sin cumplir con los procesos legales.
Los acusados y su papel en la red de corrupción
🔹 Hugo Beras: El exdirector del Intrant
- Facilitó contratos irregulares con empresas vinculadas a Jochi Gómez.
- Permitió el desvío de fondos públicos a través de convenios sin transparencia.
🔹 Jochi Gómez: El «cerebro» del esquema
- Propietario de Aurix y vinculado a múltiples empresas implicadas.
- Coordinó el lavado de activos y el sabotaje tecnológico en sistemas críticos del Intrant.
🔹 Otros implicados:
- Pedro Vinicio Padovani Báez: Exencargado del Centro de Control de Tráfico.
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda: Exdirector de Tecnología.
- Frank Rafael Atilano Díaz Warden: Excoordinador de Despacho.
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia: Director administrativo y financiero.
El esquema delictivo: Contratos, lavado y manipulación tecnológica
La Pepca detalló que el caso Camaleón se basó en un sistema de contratos y convenios irregulares entre el Intrant y el Ministerio de Defensa con empresas como Dekolor y PagoRD Xchange. Estas compañías, bajo la dirección de Jochi Gómez, habrían desviado millones de pesos a través de operaciones de lavado de activos y vulnerado la seguridad tecnológica del Estado.
📌 ¿Cómo operaba el fraude?
- Contratos sin licitación: El Intrant firmaba acuerdos con empresas vinculadas a Gómez sin procesos transparentes.
- Transferencias sospechosas: Los fondos públicos eran desviados a cuentas privadas bajo el pretexto de servicios tecnológicos.
- Manipulación de sistemas: Se alteraban plataformas críticas, como el pago electrónico y la gestión de tráfico, para justificar pagos adicionales.
Las pruebas de la Pepca: Documentos, testigos y transferencias
La magistrada Mirna Ortiz presentó pruebas contundentes que demuestran la participación de los acusados:
- Contratos firmados sin licitación pública.
- Transferencias bancarias sospechosas entre las empresas y cuentas personales.
- Declaraciones de testigos que confirman la participación de Beras y Gómez en el esquema.
- Documentos que vinculan a las empresas con operaciones de lavado de activos.
«Las pruebas son claras: hubo un desvío sistemático de fondos públicos y una red de corrupción que afectó la transparencia del Intrant», declaró Ortiz ante la jueza Yanibet Rivas.
Medidas de coerción: Riesgo de fuga y obstaculización de la justicia
La Pepca solicitó el mantenimiento de las medidas de coerción contra los acusados, incluyendo el impedimento de salida del país para algunos implicados, debido al riesgo de fuga. La magistrada Ortiz advirtió que la gravedad de las pruebas aumenta la posibilidad de que los procesados intenten eludir la acción de la justicia.
El futuro del Intrant: ¿Qué cambios se esperan?
El caso Camaleón ha generado indignación en la sociedad dominicana y ha puesto en tela de juicio la transparencia en la gestión de fondos públicos. Las autoridades han prometido reforzar los controles en el Intrant y otras instituciones para evitar que casos como este se repitan.
🔹 Medidas propuestas:
- Auditorías externas en los contratos del Intrant.
- Mayor transparencia en los procesos de licitación.
- Sistemas de monitoreo para detectar irregularidades.
- Capacitación en ética pública para los funcionarios.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional evaluará las pruebas presentadas por la Pepca y decidirá si envía a juicio de fondo a los acusados. De ser así, tendrían que responder por delitos como:
- Estafa al Estado.
- Lavado de activos.
- Corrupción administrativa.
- Sabotaje tecnológico.
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