Plazos incumplidos y pruebas fabricadas
La defensa de Gonzalo Castillo presentó pruebas documentales que demuestran que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) incumplió el plazo legal para depositar la acusación en el caso Calamar. Según certificaciones judiciales, el expediente fue recibido 14 días después de la fecha límite, lo que genera un vacío en la cadena de custodia y pone en entredicho la legalidad del proceso.
Peritajes sin validez legal
Los abogados Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo denunciaron que los peritajes financieros presentados por el Ministerio Público fueron elaborados con información obtenida sin autorización judicial. Además, señalaron que los informes contienen fechas alteradas y análisis duplicados, lo que demuestra una manipulación deliberada de las pruebas. «El peritaje fue fabricado para ajustarse a una narrativa preconcebida», afirmaron, al solicitar la nulidad del proceso.
Selectividad y fines políticos
La defensa acusó a la PEPCA de actuar con selectividad, protegiendo a ciertos imputados mientras persigue a Castillo con fines políticos. «El Ministerio Público no investigó hechos, sino que diseñó una acusación para inhabilitar al PLD», declaró Acosta, quien advirtió que este esquema de justicia selectiva debilita la credibilidad de las instituciones y desvirtúa la lucha contra la corrupción.
Falta de pruebas y solicitud de nulidad
Los abogados concluyeron que la acusación carece de pruebas suficientes y se basa en una teoría sin respaldo en evidencia concreta. «Se pretende llevar este caso a juicio como un acto de fe», sostuvieron, al rechazar que existan elementos probatorios que vinculen a Castillo con los hechos imputados. Por ello, solicitaron al tribunal declarar la nulidad absoluta del proceso, al entender que este no puede sustentarse en una construcción que violó el plazo legal y el debido proceso.
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