La Gran Manzana produce diariamente 24 millones de libras de basura y reciclaje, una cifra que equivale al peso de 50 Estatuas de la Libertad o dos mil elefantes adultos. Ante esta crisis de residuos, legisladores, funcionarios y activistas ambientales han redoblado sus esfuerzos para impulsar la Ley de Reducción de Envases e Infraestructura de Reciclaje (PRRIA), una iniciativa que busca obligar a las grandes empresas a asumir parte de los costos del manejo de desechos, que actualmente recaen sobre los contribuyentes neoyorquinos.
En un evento realizado en el South Street Seaport, el comisionado del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY), Gregory Anderson, junto a legisladores como la asambleísta Grace Lee y el senador Bryan Kavanagh, advirtió que el exceso de empaques plásticos y la falta de responsabilidad corporativa han llevado a la ciudad a un punto crítico. La PRRIA (S1464A/A1749A) propone implementar el principio de «Responsabilidad Extendida del Productor» (EPR), que exigiría a fabricantes y distribuidores financiar y mejorar los sistemas de reciclaje, reduciendo así la carga sobre los ciudadanos.
Lee destacó que, aunque los neoyorquinos hacen su parte reciclando, el costo económico sigue siendo desproporcionado. «Nueva York gasta cientos de millones de dólares al año en exportar basura a otros estados, recursos que podrían invertirse en servicios públicos esenciales«, explicó. El East River, por donde se transportan diariamente toneladas de residuos, fue el escenario elegido para la conferencia, como símbolo de la insostenibilidad del sistema actual.
Anderson proporcionó datos alarmantes: «24 millones de libras de basura al día» son recolectadas por el DSNY, y la mayoría termina en vertederos de otros estados, con un costo anual de 550 millones de dólares para la ciudad. «El problema se agrava con el auge del comercio electrónico, donde los empaques innecesarios se multiplican», señaló. El comisionado criticó que las grandes corporaciones se benefician de este modelo sin asumir responsabilidad, mientras que consumidores y trabajadores de saneamiento cargan con las consecuencias.
Kavanagh describió el actual sistema como una crisis ambiental estructural. «Las empresas han innovado para hacer productos más atractivos, pero no para reducir residuos o toxicidad», denunció. También recordó que el estado ya ha aplicado esquemas similares de responsabilidad extendida en productos como electrónicos, alfombras y baterías, y ahora es el turno de los empaques.
La PRRIA también se presenta como una medida de justicia ambiental, ya que las comunidades marginadas suelen soportar el mayor impacto de la contaminación y las instalaciones de residuos. «Los vecindarios ricos pueden evitar estos problemas, pero las comunidades vulnerables siguen cargando con las consecuencias», denunció Lee.
La ley incluye medidas clave, como la reducción de empaques plásticos, la financiación por parte de los fabricantes de sistemas de reciclaje, la prohibición de químicos tóxicos en envases y el establecimiento de metas de reciclaje. Además, busca modernizar la infraestructura de reciclaje y disminuir los empaques innecesarios en el comercio electrónico.
Los impulsores de la propuesta han advertido que el tiempo apremia, ya que la Legislatura estatal debe aprobar el proyecto antes del cierre de la sesión en Albany.
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