El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha denunciado que las protestas en Bolivia responden a un «golpe de Estado» orquestrado por una «alianza impía entre la política y el crimen organizado en la región». Las declaraciones, realizadas el martes 20 de mayo de 2026 en una conferencia en Nueva York, reflejan la preocupación de Washington por la escalada de violencia en el país sudamericano, donde las manifestaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz han paralizado el país en las últimas semanas.
Landau, citado por Reuters, señaló que el gobierno de Donald Trump está tomando medidas para mitigar el impacto de las protestas, que, según su análisis, amenazan la democracia boliviana. «No puede ser que un presidente elegido democráticamente con el 54% de los votos hace menos de un año ahora enfrente manifestantes violentos bloqueando las calles», declaró el funcionario, quien criticó la «incivilidad» que, en su opinión, afecta a toda la región.
El origen de las protestas: Descontento social y económico
Las protestas en Bolivia estallaron a principios de mayo de 2026, con huelgas y bloqueos de carreteras liderados por mineros, transportistas y grupos rurales. Los manifestantes exigen:
- Aumentos salariales.
- Soluciones al desabastecimiento de combustible.
- La suspensión de la reforma agraria promovida por el gobierno de Paz.
El presidente Paz, quien asumió el cargo en noviembre de 2025, ha defendido sus políticas de ajuste económico, argumentando que son necesarias para superar la crisis heredada. Sin embargo, las movilizaciones han ganado fuerza, generando caos en el transporte y la economía del país.
La postura de EE.UU.: Un llamado a la estabilidad democrática
Landau expresó su «preocupación» por el hecho de que las reformas económicas de Paz estén siendo sabotearas por las protestas. «Es malo para todos los países de América presenciar este tipo de incivilidad», afirmó, subrayando que la violencia no es el camino para resolver los conflictos políticos.
La acusación de que las protestas están financiadas por el crimen organizado añade una capas de complejidad al conflicto, sugiriendo que fuerzas externas podrían estar aprovechando el descontento social para desestabilizar al gobierno boliviano y, por extensión, afectar la estabilidad de la región.
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