El juez Deiby Timoteo Peguero ha tomado la decisión de variar la prisión preventiva de Ada Ledesma, implicada en el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), por arresto domiciliario y una garantía económica de 20 millones de pesos, bajo la modalidad de contrato. Esta resolución se produce tras la solicitud de revisión de medida de coerción presentada por su abogado, Gustavo de los Santos, quien aportó documentación que respaldaba la petición de cambio.
Además de la garantía económica, el juez impuso la colocación de un brazalete electrónico como condición para el arresto domiciliario. Ledesma, quien hasta ahora cumplía prisión en la cárcel de Najayo-Mujeres, deberá permanecer en su domicilio y presentarse periódicamente ante las autoridades.
Sin embargo, la fiscal Rosalba García, de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca), había solicitado al juez que se mantuviera la prisión preventiva para Ledesma, argumentando que los riesgos procesales que justificaron la medida inicialmente seguían presentes. A pesar de esta oposición, el juez consideró que las garantías presentadas eran suficientes para modificar la medida y permitir que Ledesma cumpla su detención en su domicilio.
Este caso pone de manifiesto el debate entre la fiscalía y la defensa en procesos judiciales complejos, donde las medidas de coerción pueden ser revisadas en función de nuevos elementos o garantías. La decisión del juez marca un punto de inflexión en el proceso legal de Ledesma, aunque el caso sigue en desarrollo y habrá que esperar para ver cómo evolucionan los próximos pasos en la investigación.