La decisión de la Administración Trump de eliminar el financiamiento federal para servicios legales de niños inmigrantes no acompañados ha generado una crisis humanitaria en todo el país. En respuesta, Nueva York ha anunciado una inversión de $7.25 millones para garantizar representación legal a 1,400 menores que, de lo contrario, quedarían desprotegidos en un sistema migratorio complejo y, a menudo, hostil.
La gobernadora Kathy Hochul enfatizó que negarles apoyo legal a estos niños es inaceptable. «Mientras la Administración Trump abandona a estos menores, Nueva York da un paso al frente», declaró. Hochul recordó que, durante casi dos décadas, el gobierno federal había reconocido la obligación legal de proteger a los niños inmigrantes, ya que estos son especialmente vulnerables a la trata, el abuso y la explotación. «No permitiremos que se normalice el abandono de los más vulnerables», añadió.
La fiscal general Letitia James compartió un testimonio conmovedor: hace años, representó a un menor inmigrante sin recursos que, gracias a la asistencia legal, logró ganar su caso y hoy es un graduado universitario con familia. «Nueva York no permanecerá impasible mientras niños vulnerables navegan solos por el sistema de inmigración», afirmó James, quien también criticó las políticas federales que ponen en riesgo a familias y comunidades enteras.
El alcalde Zohran Mamdani destacó que la ciudad de Nueva York ya ha invertido $153 millones en representación legal para inmigrantes, además de promover los derechos de estos grupos en múltiples idiomas y limitar la colaboración con autoridades federales. «Estos niños son parte de la columna vertebral de nuestra ciudad», dijo Mamdani, quien rechazó la «crueldad» de las políticas federales actuales.
La situación es crítica: según The Door, una organización que atiende a jóvenes inmigrantes, los menores sin abogados obtienen el derecho a permanecer en el país en menos del 10% de los casos. Antonio Fernández, director de Caridades Católicas, explicó que muchos niños son citados a comparecer ante un juez sin entender el idioma o el proceso. «Pueden ser interrogados en inglés sin un intérprete, lo que los pone en una posición de extrema desventaja», advirtió. Con los $7.25 millones, Nueva York busca evitar que estos menores sean deportados rápidamente y sin las garantías necesarias.
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