Una operación sin precedentes en Nueva York
El Departamento de Seguridad Nacional, bajo el liderazgo de Markwayne Mullin, anunció este martes la detención de 2,100 inmigrantes en una operación de 30 días en el estado de Nueva York. Mullin afirmó que todos los detenidos eran «criminales peligrosos», incluyendo «miembros de pandillas, violadores y asesinos», pero también reconoció que el Gobierno federal deportará a cualquier persona en situación irregular, sin importar su historial penal.
Tensiones con las autoridades demócratas
Mullin criticó duramente a la gobernadora Kathy Hochul y al alcalde Zohran Mamdani por sus políticas de ciudad santuario, que limitan la cooperación entre las fuerzas locales y federales. También cuestionó la ley «Policías locales, delitos locales», que prohíbe los acuerdos 287(g) en casos de inmigración civil, lo que, según Mullin, ha llevado a la liberación de 13,000 personas con órdenes de detención del DHS y ICE.
Operación «Manzana Podrida»: ¿Solo el comienzo?
Mullin declaró que, debido a la falta de cooperación con el programa 287(g), el Gobierno federal enviará más agentes para «restaurar la ley y el orden» en Nueva York. «El presidente Trump lo ha dejado claro: él ama Nueva York», afirmó. Además, anunció que, a finales de noviembre, los agentes migratorios llevarán cámaras corporales para proteger su seguridad y la del público.
Posibles medidas adicionales: ¿Presión en aeropuertos?
Ante la pregunta de si ICE patrullará cerca de oficinas electorales en las elecciones de medio mandato, Mullin respondió que no, a menos que exista una «amenaza» o una orden de detención en el lugar. Sin embargo, el Gobierno de Trump evalúa suspender el procesamiento migratorio y aduanero en aeropuertos de ciudades santuario, una medida que podría afectar el tráfico aéreo internacional en las próximas semanas.
Un fondo de 2,100 millones para inmigrantes indocumentados
Mientras tanto, el estado de Nueva York incluirá en sus nuevos presupuestos un fondo de 2,100 millones de dólares para apoyar a trabajadores indocumentados afectados por la crisis de la pandemia, una demanda impulsada por grupos civiles.
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