El domingo 27 de septiembre amaneció con un enorme despliegue policial en los caminos rurales de Gloucestershire, en el suroeste de Inglaterra. La policía británica declaró un «incidente mayor» tras recibir reportes de tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia RAF Fairford, una base aérea que alberga personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que ha servido como centro de operaciones para ataques contra posiciones iraníes durante el conflicto en curso en Medio Oriente.
Cinco hombres fueron detenidos por agentes armados en las cercanías del pueblo de Whelford, a poco más de tres kilómetros de la instalación militar. Los arrestos se produjeron primero bajo la sospecha de delitos de explosivos y luego se ampliaron a la acusación de preparación de un acto terrorista, quedando todos los implicados en custodia mientras la unidad de contraterrorismo de la Metropolitan Police de Londres asume la dirección de la investigación.
El operativo dejó imágenes de bloqueos viales y controles armados en toda la zona. Los expertos en explosivos del ejército examinaron meticulosamente las tres camionetas dentro de un cordón de 400 metros, y el equipo de la policía local, encabezado por el asistente jefe Richard Ocone, ordenó el desalojo preventivo de decenas de viviendas para proteger a los residentes mientras duraba la inspección.
La base involucrada no es un recinto cualquiera: RAF Fairford opera como una de las principales localizaciones de bombarderos estadounidenses en Europa, con aeronaves B-1 Lancer estacionadas en sus pistas y un papel protagónico en las llamadas operaciones defensivas autorizadas por Londres contra capacidades militares iraníes. Esa condición convierte el presunto complot en una alerta sobre la vulnerabilidad de los recintos de defensa conjunta en suelo europeo.
Los investigadores buscan ahora esclarecer el motivo del plan y rastrear cualquier conexión con grupos extremistas, incluida la posible pista iraní que varios medios han mencionado sin confirmación oficial. El caso reavivó además el debate sobre los protocolos de seguridad bilateral entre Londres y Washington, mientras los comités parlamentarios británicos se preparan para exigir informes sobre la eficacia de las penas vigentes para delitos preparatorios de terrorismo.
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