La derrota parlamentaria en detalle
El rechazo de los dos reales decretos-ley de vivienda este viernes no fue una derrota cualquiera: fue la culminación de una geometría parlamentaria letal para el Gobierno de Pedro Sánchez. El real decreto-ley 26/2026 —medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible— cayó con 172 votos a favor y 178 en contra; el segundo decreto, publicado en el BOE apenas 16 horas antes de su derogación, introducía la renovación automática de los contratos de alquiler por cinco años con indemnización de hasta 12 mensualidades, y cayó con 166 a favor y 184 en contra. La coalición derogatoria —PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN— tiene un protagonista: Junts, el partido de Puigdemont, cuyo «no» decisivo se interpreta abiertamente como la «venganza» del expresidente catalán contra el Gobierno central, dejando a Sánchez atrapado entre la presión de la calle y la tentación del adelanto electoral.
La calle como contrapeso
La respuesta social fue inmediata y masiva. La acampada de la Puerta del Sol —nacida del desahucio de Maricarmen, la inquilina mayor evacuada el 23 de septiembre, y de la marcha del 26 de septiembre con 25,000 asistentes según la Delegación del Gobierno— cumple ya seis noches con más de 1,300 tiendas y unas 2,000 personas, y ha decidido escalar: el Sindicato de Inquilinas, su organizador, aprobó en asamblea extender la protesta a la plaza de Callao y condicionar el levantamiento a la convocatoria de una huelga general. La estrategia es clara: «La lucha está aquí y no en el Parlamento». Los cánticos frente al Congreso —»No nos vamos, nos quedamos», «Ayuso dimite»— y las réplicas en Barcelona (150 tiendas en Catalunya), Valencia y Málaga confirman una movilización con capacidad de réplica territorial.
El frente judicial: la batalla Ayuso
En paralelo, el conflicto institucional Madrid-Gobierno central escala por la vía judicial. La Comunidad de Isabel Díaz Ayuso, tras agotar un ultimátum de 48 horas a la Delegación del Gobierno, presentó un recurso solicitando medidas cautelarísimas de desalojo por «ocupación ilegal del espacio público». El resultado inicial fue un revés procesal: la titular del contencioso-administrativo número 14 se declaró incompetente y elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dispone de 48 horas para resolver. La acampada, mientras, celebra cada día sin desalojo como una victoria táctica.
La lectura estratégica
El expediente combina tres crisis en una: la crisis habitacional (con el alquiler como detonante social), la crisis parlamentaria (un Gobierno que pierde decretos publicados en el BOE por la deserción de su socio catalán) y la crisis territorial de competencias (Ayuso contra la Delegación del Gobierno). Con Sánchez analizando el adelanto electoral y Feijóo reclamando fecha cuanto antes, la acampada de Sol —organizada, lograda, con su biblioteca improvisada y su coworking bajo las lonas— se ha convertido en el termómetro político de España. Y marca fiebre.