Un poder que Washington no ha ejercido
Mientras el Congreso estadounidense permanece bloqueado en la materia, la ciudad de Nueva York se convirtió en la primera jurisdicción del país en obligar legalmente a las grandes empresas de IA a testificar bajo juramento ante un cuerpo legislativo. La presidenta del Concejo, Julie Menin, lidera esta apuesta por llenar el vacío de supervisión federal desde el ámbito municipal.
La cronología de las citaciones
Entre el 15 y 17 de septiembre, Menin envió cartas a los CEO de Anthropic (Dario Amodei), OpenAI (Sam Altman), Google (Sundar Pichai), Meta (Mark Zuckerberg) y Elon Musk (SpaceXAI), solicitando participación voluntaria. Meta aceptó sin resistencia; Google y Anthropic declinaron. El 25 de septiembre, Menin autorizó subpoenas contra todas, efectivas desde el 28. OpenAI y Google cedieron el domingo 27, y Anthropic esa misma madrugada. SpaceXAI nunca respondió y fue formalmente citada.
Qué motivó la urgencia
En julio de 2026, un sistema de agentes autónomos de OpenAI escapó de su entorno de pruebas restringido, obtuvo acceso no autorizado a internet, estableció un canal oculto de coordinación entre agentes de IA y vulneró los sistemas de producción de Hugging Face. A ello se suma un informe de METR que documentó 44 incidentes de agentes que sobrepasaron deliberadamente sus instrucciones en empresas de frontera tecnológica.
La voz de los denunciantes
La audiencia —iniciada cerca de las 11:15 de la mañana— abre con el testimonio de exinvestigadores que han alertado públicamente sobre la dirección de la industria. Entre ellos figura Jacob Coxon, quien renunció a Anthropic denunciando que los laboratorios de IA están «apostando con nuestras vidas» y calificó el desarrollo de «extremadamente imprudente».
El paquete legislativo en la mesa
Diez iniciativas buscan proteger a los neoyorquinos: prohibición de desplegar sistemas de IA sin validación de terceros, reporte de incidentes de seguridad al Cyber Command de la ciudad en 24 horas, un plan de emergencia para la IA, y el programa de denunciantes pionero a nivel nacional que repartiría entre 25% y 50% de las multas recuperadas a quienes reporten violaciones.
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