La historia judicial contra Julio Iglesias atraviesa su segundo capítulo, y este avanza. Después de que en enero la Fiscalía española archivara la primera denuncia contra el cantante por falta de jurisdicción — los hechos presuntamente ocurridos en el Caribe correspondían a tribunales locales «plenamente competentes» — el Ministerio Público ha rectificado y avala ahora que la Audiencia Nacional investigue la nueva querella presentada en septiembre. (Ensegundos)
Las denunciantes son dos mujeres que trabajaron para el artista en 2021: una empleada del hogar y una fisioterapeuta. Ambas sostienen haber sufrido agresiones sexuales y trabajos forzados en las propiedades de Iglesias en República Dominicana y las Bahamas, y ambas han optado por preservar su anonimato durante el proceso.
La diferencia clave respecto al intento anterior es la vía procesal: la primera denuncia se presentó ante la Fiscalía, cuyo rechazo la abocó al archivo; la segunda llegó directamente a la Audiencia Nacional como querella, asignada al juez Antonio Piña, quien solicitó el informe fiscal que ahora le abre la puerta a una posible investigación. (Deia)
Un caso con múltiples frentes judiciales
El cantante de 83 años, que ya ha declarado que nunca «abusó, coaccionó ni faltó al respeto a ninguna mujer», enfrenta además otros litigios en paralelo: un proceso civil en Miami por una demanda de un agente inmobiliario que reclama casi seis millones de euros en comisiones, y el Tribunal Supremo inadmitió su demanda de protección del honor contra la ministra Yolanda Díaz. (HerQles)
Women’s Link Worldwide, la organización que patrocina a las denunciantes, sostiene que la ley española habilita a investigar delitos del extranjero cuando existen «vínculos relevantes» con España. En una carta abierta, las mujeres pidieron a la justicia que les «garantice el derecho a la justicia». El siguiente movimiento es del juez Piña: abrir o no la investigación. (Semana)
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