El resurgimiento de los apagones en el Gran Santo Domingo y las provincias del interior ha reactivado la guerra política por el sector eléctrico. El protagonista de esta nueva fase es Francisco Javier García, aspirante presidencial del PLD, quien denunció durante un encuentro dirigencial un «retroceso eléctrico» que calificó de severo para las familias dominicanas y los pequeños comerciantes.
El líder opositor construyó su crítica en tres capítulos: primero, las prolongadas interrupciones diarias que han retornado a niveles superados; segundo, el alza simultánea de la factura eléctrica, que llamó contradictoria e injustificada frente a la degradación del servicio; y tercero, la falta de planificación y la incapacidad del Gobierno para gestionar los proyectos de generación, transmisión y reducción de pérdidas en las EDES. (El Pregonero RD, El Nuevo Diario)
Su planteamiento histórico es igual de directo: «Nosotros dejamos el país sin apagones», afirmó al reivindicar la gestión peledeísta, recordando que las interrupciones de esa era eran mantenimientos previamente anunciados. La comparación vuelve a colocar la política energética bajo el escrutinio público, por el impacto de los cortes en hogares, comercios, empresas y la competitividad de la economía dominicana.
El costo social y económico del desorden
Los presentes en la asamblea aportaron el testimonio del impacto diario: el deterioro eléctrico encarece la canasta de consumo e incrementa la inseguridad ciudadana en los barrios durante las noches. García instó a las autoridades a transparentar la situación y presentar un plan de contingencia real que no cargue los costos operativos sobre la economía popular.
El debate tiene anclaje técnico: analistas económicos coinciden en que la estabilidad eléctrica es pilar del crecimiento del PIB y de la inversión extranjera, mientras el subsidio y el déficit de las distribuidoras siguen siendo retos estructurales que exigen consensos. Con el tema energético instalado en la agenda pública de cara a los próximos años, la oposición reafirmó su rol de fiscalización: tarifa justa y suministro continuo son sus banderas. (El Faro RD)
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