¿Cómo va realmente la ofensiva del Gobierno contra la criminalidad? Esa fue la pregunta que guió la reunión de trabajo encabezada por el presidente Luis Abinader, en la que el alto mando de las instituciones de seguridad dominicanas examinó con lupa las acciones ejecutadas y sus frutos concretos, mientras diseñaba los refuerzos que se aplicarán de aquí en adelante.
La sede elegida fue el Club de Oficiales de la Policía Nacional. Allí, militares, policiales y fiscales pasaron revista a las estrategias vigentes y discutieron los ajustes necesarios para que la prevención del delito gane terreno en todo el mapa nacional.
El peso del gabinete de seguridad
La asistencia dejó claro que el tema ocupa un lugar prioritario en la agenda presidencial. Al lado de Abinader se sentaron José Ignacio Paliza (Presidencia), el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre (Defensa), Faride Raful (Interior y Policía), el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García (Policía Nacional) y la procuradora Yeni Berenice Reynoso.
El elenco se extendió al comisionado de Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández; al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; al presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y al vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, en representación del Comando Conjunto Unificado.
Fiscales de norte a sur
El componente de persecución penal tuvo protagonismo especial. Fiscales titulares de casi una veintena de demarcaciones —San Cristóbal, La Vega, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Duarte, Valverde, Hermanas Mirabal, Barahona, Peravia, Dajabón, Espaillat, Santiago, La Romana y las circunscripciones del Gran Santo Domingo— aportaron la visión del terreno a la mesa de análisis.
El plan bajo evaluación opera mediante una Fuerza de Tarea Conjunta que coordina a los organismos de seguridad del Estado en operativos focalizados. Las cifras que maneja el Gobierno señalan que la tasa de homicidios acumulada ha caído de manera sostenida en los últimos años, un argumento que el oficialismo esgrime para validar el modelo de supervisión presidencial constante que se ejerció una vez más en esta jornada.
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