Cada vez que alguien guarda una foto en la nube, ve una serie por internet o consulta a un asistente de inteligencia artificial, hay computadoras en otro lugar que almacenan o procesan esa información. Pero detrás de esa cadena invisible surge una pregunta que ya moviliza a Nueva York: ¿quién paga las facturas de la gran demanda energética y de agua de estas corporaciones?
Según la Agencia Internacional de Energía, «un centro de datos es una instalación que alberga servidores, es decir, computadoras que procesan y almacenan información, junto con equipos que permiten transmitirla». Los servidores consumen electricidad y generan calor, por lo que necesitan sistemas de refrigeración, y algunos de esos sistemas usan agua para enfriar los equipos. La preocupación de activistas ambientales y líderes electos de Nueva York es que conectar uno de estos complejos a la red puede exigir nuevas subestaciones o líneas eléctricas, justo allí donde surge la pregunta sobre quién asume el costo de esas obras.
La magnitud del consumo es significativa: el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley estimó que el conjunto de los centros de datos representó el 4,4 % del consumo eléctrico de Estados Unidos en 2023, y una actualización del laboratorio proyecta que esa proporción podría llegar al 11,8 % en 2030.
Ese trasfondo explica la protesta del jueves 19 frente a la oficina distrital de Hakeem Jeffries en Brooklyn, donde vecinos y organizaciones ambientalistas exigieron al futuro líder de la Cámara de Representantes frenar una reforma federal de permisos que, según la coalición, facilitaría la expansión de los grandes centros de datos y de la infraestructura de combustibles fósiles que podría abastecerlos. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul ya ordenó en julio una pausa de hasta un año en la emisión de determinados permisos ambientales para nuevos centros de datos con una demanda de 50 megavatios o más, y la Legislatura estatal aprobó en junio un proyecto de la senadora Kristen González que incluye evaluaciones ambientales, participación pública y categorías tarifarias específicas para grandes instalaciones, aunque su firma seguiría pendiente según el registro legislativo consultado.
«No es justo que nosotros paguemos parte de la factura de estas corporaciones multibillonarias. Además de forma doble: con nuestras altas facturas y con los riesgos ambientales que siempre impactan de forma más considerable a las comunidades más pobres», coincidieron en sus discursos varios manifestantes.