Según la ley vigente, los neoyorquinos que se declararon culpables de un delito, sólo pueden impugnar su condena, si las pruebas se derivan de pruebas de ADN.
Un grupo de personas que han sido liberadas y exoneradas de prisión, abogados penalistas y organizaciones de defensa de Derechos Humanos exigieron este jueves a la gobernadora Kathy Hochul que firme la Ley de impugnación de condenas injustas (S. 7548).
Esta legislación que fue aprobada por la Asamblea y el Senado Estatal de Nueva York esta primavera, es un paso importante para brindar a los neoyorquinos condenados injustamente, la oportunidad de limpiar sus nombres.
Este proyecto que solo espera por la firma de la mandataria estatal, crea el camino para que alguien condenado injusta o erróneamente por un delito anule esa condena, incluso si esa persona se ha declarado culpable. Esta norma eliminaría las grandes limitaciones que existen actualmente en los tribunales para promover nuevas pruebas, luego de un caso sentenciado.
Según la ley vigente, los neoyorquinos que se declararon culpables de un delito, pueden impugnar su condena, sólo si las pruebas se derivaron de pruebas de ADN.
“Todos los datos muestran que se mantiene a un número intolerable de personas inocentes en prisiones de Nueva York, sin posibilidad de impugnar sus condenas erróneas. La gobernadora tiene la oportunidad de solucionar este problema. Es un paso adelante a modernizar la administración de una justicia penal que es un modelo sistemáticamente racista. No se puede esperar más”, declararon activistas de una coalición liderada por Voces de Líderes y Activistas Comunitarios (Local-NY).
Los defensores de esta iniciativa legal, están contrarreloj, pues Hochul debe firmar el proyecto, antes de este viernes para que se convierta en ley este mismo año.
Si bien Nueva York tiene un problema demostrado de condenas injustas, es un caso atípico al no reconocer que las personas que se declaran culpables pueden ser inocentes y, por lo tanto, tener la oportunidad de reparación en los tribunales.
Por su parte, Sergio De La Pava, Director Legal de New York County Defender Services (NYCDS) cuestiona que personas inocentes se siguen pudriendo en nuestras prisiones, por uno de los marcos legales de exoneración más obsoletos del país.
“Necesitamos un camino funcional hacia la exoneración justa en nuestro Estado, y lo necesitamos ahora”, exigió.
El Registro Nacional de Exoneraciones registra que el 24% de las más de 3,400 personas condenadas injustamente que se revelaron inocentes en Estados Unidos se declararon culpables de delitos que no cometieron.
Una gran presión
La Ley de Impugnación de Condenas Injustas, que se incluyó en el Presupuesto Popular del grupo legislativo negro, puertorriqueño, hispano y asiático mejora el marco de ayuda posterior a la condena al abrir las posibilidades de más pruebas y apelaciones posteriores a la condena.
El otro punto, es que se establece un marco para la asignación de abogados para aquellos con reclamos de condena injusta.
Nueva York es uno de los cinco estados de Estados Unidos que no otorga el derecho a un abogado en casos posteriores a la condena, detrás de estados como Texas y Alabama.
De acuerdo con los testimonios de varios exreclusos y abogados penales las personas inocentes acusadas de delitos graves, que no pueden pagar la libertad bajo fianza, sienten una gran presión para declararse culpables, porque temen ser sometidas a violencia o agresión sexual en centros de detención preventiva como Rikers Island.
El otro lado de este drama, subrayado por los protestantes, al frente de la oficina de Hochul, en Manhattan, es que las personas detenidas en la cárcel más grande Nueva York no tienen acceso regular a sus abogados y no pueden participar plenamente en su propia defensa.
El Diario no pudo confirmar de manera independiente si este proyecto de ley estará considerado para la firma en las próximas horas, antes que finalice este año calendario.
Por Fernando Martínez
