El gobierno de Estados Unidos desmintió este lunes haber ofrecido una amnistía al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que abandone el poder tras las elecciones del 28 de julio, cuyos resultados han sido cuestionados por la oposición y la comunidad internacional. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, aclaró en rueda de prensa que «no se ha hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otros funcionarios», desmintiendo así la información publicada por The Wall Street Journal, que citaba fuentes anónimas sobre una supuesta negociación para persuadir al mandatario a dejar el cargo antes de que termine su mandato en enero de 2025.
Aunque Washington rechazó la idea de una amnistía, Patel señaló que el gobierno de Joe Biden está evaluando «un abanico de opciones» para presionar a Maduro y restablecer la democracia en Venezuela. «Es hora de que el chavismo y la oposición inicien conversaciones para una transición pacífica», declaró, reafirmando la postura de EE.UU. de que el verdadero ganador de las elecciones fue Edmundo González Urrutia, candidato opositor, según las actas electorales analizadas por el bloque opositor. La Casa Blanca, a través de su portavoz Karine Jean-Pierre, insistió en que «Maduro debe reconocer los resultados» y subrayó que «han pasado dos semanas desde los comicios, y está claro para el pueblo venezolano y la comunidad internacional que González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos».
El propio Nicolás Maduro había afirmado el viernes pasado que EE.UU. estaba dispuesto a ofrecerle «lo que sea» para que renunciara al poder, aunque exigió que Washington «deje tranquila a Venezuela». Sin embargo, el gobierno estadounidense rechazó categóricamente esta versión y reiteró su apoyo a un proceso de transición democrática. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó la victoria de Maduro sin publicar las actas de votación, lo que ha generado desconfianza y protestas tanto en el país como en el ámbito internacional.
En paralelo, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, anunció que impulsará una regulación de las redes sociales mediante una reforma a la Ley contra el Odio, un instrumento legal que ha sido utilizado en el pasado para perseguir a opositores. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que se aprobará un «paquete de leyes para defender a la población del odio, el terrorismo y la difusión de ideas fascistas en las redes», en un claro intento de limitar la disidencia en un contexto de crecientes denuncias de fraude electoral. Rodríguez también acusó a organizaciones no gubernamentales (ONG) de ser «fachadas para financiar acciones terroristas», en línea con el discurso del gobierno de Maduro.
La tensión política en Venezuela sigue en aumento, con la oposición exigiendo el reconocimiento de los resultados electorales y la comunidad internacional dividida entre quienes respaldan a Maduro y quienes, como EE.UU. y varios países latinoamericanos, reconocen a González Urrutia como el legítimo ganador. Mientras tanto, el gobierno de Biden mantiene su presión diplomática y evalúa nuevas medidas para favorecer una salida negociada que lleve a Venezuela de vuelta al camino democrático.