Legislación sobre Familias en Duelo sigue en debate: temores sobre impacto en seguros y sistema judicial
El anteproyecto de ley para modernizar la compensación a familias en duelo por pérdida de seres queridos debido a negligencia médica o actos injustos ha enfrentado un camino complicado. Aunque aprobado por ambas cámaras legislativas en 2022, ha sido vetado dos veces por la gobernadora Kathy Hochul, quien expresa preocupaciones sobre posibles aumentos en primas de seguros, sobrecarga del sistema judicial y riesgos financieros para sectores vulnerables.
La Ley de Familias en Duelo, diseñada para actualizar un estatuto de 175 años, busca permitir que las familias demanden por daños emocionales, no solo por dificultades económicas. Actualmente, las limitaciones legales se remontan a una época en la que las aseguradoras protegían intereses esclavistas. Sin embargo, la gobernadora sostiene que su implementación podría causar efectos adversos significativos.
Organizaciones presionan por cambios
La organización Justice for Grieving Families (JGF), que aboga por familias afectadas, ha alzado la voz contra lo que consideran “falsas narrativas” promovidas por aseguradoras. En particular, señalan a la firma actuarial Milliman, cuyos informes proyectan altos costos para el sector asegurador, especialmente en casos de mala praxis médica.
JGF argumenta que proyecciones similares hechas en 2017 para la Ley de Lavern, que modificó plazos de prescripción en demandas médicas, no se materializaron. Según datos de la Oficina de Administración de Tribunales, las demandas por negligencia médica han disminuido un 12% en Nueva York tras esa ley, y las primas por responsabilidad médica han subido menos del 1% anual, contradiciendo predicciones alarmistas.
Ampliación de quiénes pueden demandar
Una de las mayores innovaciones del proyecto de ley es expandir la definición de “familiares cercanos” que pueden demandar. Bajo este cambio, no solo cónyuges e hijos estarían cubiertos, sino también hermanos, abuelos, hijastros y otras relaciones afectivas significativas. La gobernadora argumenta que esto complicaría los procesos judiciales, al requerir que jueces y jurados determinen subjetivamente quiénes califican como “afectados”.
Impacto financiero proyectado
Expertos en el tema, como Michael Mezzacappa, de Coffey Modica LLP, advierten que la ley podría disparar los costos de compensaciones al incluir el factor de pérdida emocional, que es altamente subjetivo. Nueva York, al no tener un límite en los daños recuperables en casos de muerte por negligencia, ya es el estado con mayores pagos en esta categoría.
Un análisis del Instituto de Justicia Civil predice un aumento anual de 2,200 millones de dólares en primas de seguros si se aprueba la ley. Esto incluye un incremento del 11% en seguros de automóviles y hasta un 45% en seguros de responsabilidad médica, afectando desproporcionadamente a hospitales públicos y comunidades vulnerables.
Gobernadora abierta a ajustes
Aunque Hochul ha vetado el proyecto en dos ocasiones, ha expresado disposición a revisar y modernizar la legislación en el futuro. Su principal preocupación radica en encontrar un equilibrio que permita justicia para las familias afectadas sin comprometer la sostenibilidad del sistema judicial y financiero.
Este debate continúa en el centro del diálogo legislativo, con actores clave buscando consensos para actualizar una ley que algunos consideran arcaica, pero que también genera serias interrogantes sobre sus implicaciones prácticas y económicas.
Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com
