Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático de Corea del Sur, ha encabezado una feroz ofensiva política contra el gobierno del presidente Yoon Suk Yeol, quien se encuentra en una situación política muy difícil tras el intento de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Este acto provocó un escándalo que paralizó actividades diplomáticas y afectó gravemente los mercados financieros. A pesar de que el decreto solo duró seis horas, su impacto fue inmediato, ya que el Parlamento, controlado por la oposición, votó por unanimidad para anularlo, un golpe significativo para la autoridad de Yoon.
Lee, quien en 2022 perdió las elecciones presidenciales ante Yoon por un margen estrechísimo, se ha mostrado como uno de los principales candidatos para reemplazarlo, destacándose en las discusiones políticas. En su intervención, Lee propuso que el Parlamento y el gobierno trabajaran juntos para mitigar la crisis que atraviesa el país y restaurar la estabilidad política. De esta manera, sugirió la creación de un consejo nacional que colaboraría en resolver los problemas que enfrenta la nación. Esta propuesta refleja la posición de su partido, que no busca la destitución del primer ministro Han Duck-soo, quien actualmente ejerce funciones de presidente interino.
En cuanto al juicio político de Yoon, que ha sido activamente impulsado por el Partido Democrático, Lee instó a la Corte Constitucional a tomar una decisión rápida, señalando que solo con un fallo pronto se podrá evitar una mayor confusión y sufrimiento entre la población surcoreana. La Corte tiene hasta 180 días para emitir su veredicto, aunque se espera que este sea más rápido, tal como ocurrió en casos de juicios políticos anteriores en la historia del país.
Mientras tanto, el gobierno interino, bajo el liderazgo de Han Duck-soo, ha tratado de mantener el rumbo en medio de la crisis. Han se ha comprometido a continuar cooperando con la Asamblea Nacional para estabilizar el país y minimizar los impactos negativos de la situación política. En el ámbito internacional, Han sostuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense Joe Biden para discutir la situación política en Corea del Sur y las cuestiones de seguridad regional, especialmente el desafío del programa nuclear de Corea del Norte.
El caos generado por el intento de Yoon de imponer la ley marcial también ha provocado acusaciones de rebelión por parte de los opositores, quienes afirman que solo en situaciones de guerra o emergencias extraordinarias un presidente tiene la autoridad para declarar la ley marcial. Los detractores del presidente sostienen que su acción fue un abuso de poder, ya que violó las leyes constitucionales al intentar suspender la actividad parlamentaria y al desplegar fuerzas militares en el Congreso para intentar detener la votación en su contra. Yoon, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y ha defendido su accionar como una forma de advertir al Partido Democrático por su postura y acciones dentro del Parlamento.
En cuanto a las investigaciones, las fuerzas de seguridad han comenzado a interrogar a funcionarios cercanos a Yoon, incluidos el ministro de Defensa y el jefe de policía, en busca de posibles vínculos con la rebelión. La situación es tensa, ya que Yoon, como presidente, goza de inmunidad frente a la mayoría de las acusaciones penales, pero no está exento de ser investigado por traición o rebelión. Por su parte, Lee ha exigido que se inicie cuanto antes una investigación independiente liderada por un fiscal especial, para esclarecer los hechos y asegurar la justicia.
En resumen, la crisis política en Corea del Sur sigue sin resolverse, con el futuro de Yoon y de su gobierno pendiendo de la decisión de la Corte Constitucional. Mientras tanto, Lee Jae-myung se mantiene firme en su papel como líder de la oposición, buscando restaurar la estabilidad política y fortalecer la democracia surcoreana. El desenlace de este enfrentamiento podría marcar un antes y un después en la historia política del país.
