El Gobierno de Venezuela ha condenado el uso de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de Estados Unidos, calificándola como «anacrónica e ilegal». Esta ley ha sido empleada para expulsar a 238 miembros de la organización criminal venezolana del Tren de Aragua, quienes fueron trasladados a la CECOT, una ‘supercárcel’ de máxima seguridad en El Salvador.
La Presidencia venezolana ha criticado duramente esta medida, alegando que «criminaliza de manera infame e injusta a la migración venezolana». La ley, que data de tiempos de guerra, permite deportaciones inmediatas y ha sido comparada con episodios históricos oscuros como la esclavitud y los campos de concentración nazis.
Venezuela ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que se movilice en defensa de los derechos de los migrantes y denuncie esta acción ante el mundo.
El Gobierno venezolano también ha acusado a opositores como María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparoni y Leopoldo López de sugerir medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano y de organizar una red criminal de coyotes especializados en la migración ilegal a Estados Unidos.