La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, fue demandada por 50 millones de pesos por un propietario del Residencial Despradel en La Vega, quien alega que la demolición de su apartamento causó daños irreparables y violó sus derechos constitucionales. El abogado Domingo Reynoso presentó la acción legal, argumentando que la intervención del Ministerio no cumplió con los procedimientos legales establecidos.
La responsabilidad del Estado en cuestión Reynoso citó el artículo 148 de la Constitución, que obliga a los funcionarios a responder con su patrimonio por actos que causen perjuicio a los ciudadanos. Según el jurista, la viceministra Ángela Jáquez confirmó que la orden de demolición provino directamente de Raful, lo que refuerza la responsabilidad de la ministra.
El caso en los tribunales La Cámara Civil de La Vega ya analiza la demanda, que podría establecer un precedente sobre la protección de la propiedad privada frente a acciones estatales. Reynoso expresó su confianza en que el tribunal fallará a favor de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales.
Impacto en otros propietarios El abogado no descartó que más afectados por la demolición presenten demandas similares, ya que el edificio albergaba múltiples unidades residenciales. La demolición, realizada sin previo aviso, ha generado indignación y preguntas sobre la legalidad de las intervenciones urbanas en el país.
¿Qué busca el demandante? Más allá de la compensación económica, el propietario exige que se reconozca la ilegalidad de la demolición y se tomen medidas para evitar casos similares en el futuro. Reynoso insistió en que “el Estado no puede actuar por encima de la ley”.