La representante de Nueva York y otros 12 demócratas en la Cámara de Representantes, le pidieron mediante carta al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal que incluya a Puerto Rico en el estudio “American Housing Survey” (AHS), como medida para atender la crisis de vivienda y los desplazamientos de locales.
NUEVA YORK – Doce demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderados por la congresista boricua de Nueva York, Nydia Velázquez, le pidieron al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal que incluya a Puerto Rico en el estudio “American Housing Survey” (AHS), como medida para atender la crisis de vivienda y los desplazamientos de locales.
El estudio AHS es auspiciado por dicho Departamento y realizado por la Oficina del Censo. La encuesta es la más exhaustiva que se realiza a nivel nacional sobre inventario y acceso a vivienda.
“Por décadas, Puerto Rico y las autoridades federales han confiado en fuentes de datos anticuados, limitados y de baja calidad para desarrollar políticas de vivienda que impactan a 3.2 millones de ciudadanos”, indicó Velázquez en un tuit desde su cuenta este martes en el que anunció el envío de la misiva.
“Hoy lidero una carta a @HUDgov solicitando que incluyan a Puerto Rico en la Encuesta de Vivienda Estadounidense”, añadió la demócrata.
A través de la carta enviada a la secretaria de la agencia, Marcia Fudge, y con fecha del 17 de octubre, se busca tener una idea más clara del inventario de viviendas en la isla y proveer soluciones a la escasez de unidades de vivienda asequibles para los puertorriqueños.
“Desafortunadamente, los datos disponibles sobre la variedad de factores que han desencadenado la crisis de vivienda en Puerto Rico siguen siendo limitados y fragmentados. Más aún, es extremadamente difícil conducir un análisis histórico comprensivo o comparar la situación en Puerto Rico con otros estados sin puntos de referencia. Particularmente, la ausencia de conjuntos de datos exhaustivos, uniformes y consistentes sobre el inventario de vivienda en Puerto Rico crean un obstáculo significativo para que los creadores de política pública a nivel local y federal manejen la crisis”, plantean en la carta los legisladores entre los que se encuentran los también puertorriqueños Alexandria Ocasio Cortez y Ritchie Torres, ambos de Nueva York; y Darren Soto, de Florida.
La carta cita datos divulgados en el 2022 en un reportaje del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que apuntan a que el precio promedio de las propiedades en venta aumentó 63% entre 2012 y 2021, por diversos factores que incluyen incentivos contributivos a extranjeros bajo la Ley 22, la proliferación de alquileres a corto plazo y la escasa construcción de viviendas de interés social.
“El número insuficiente de unidades de vivienda estables y seguras se ha traducido en una creciente crisis de vivienda asequible en la isla. De acuerdo con un estimado, Puerto Rico carece de aproximadamente 20,000 unidades, lo que ha contribuido a que el costo promedio de renta subiera entre 2016 y 2022. Y no solo es el alquiler de vivienda el que experimenta un rápido incremento en precios; la Agencia de Financiamiento de Vivienda Federal (FHFA) halló que el precio de una vivienda unifamiliar en Puerto Rico incrementó en un 22% entre 2018 y 2021”, expone el texto.
Los legisladores piden al HUD que explique las razones por las que Puerto Rico no está incluido en el estudio de AHS; si se planea incluir al territorio en la próxima evaluación; si variables como el impacto de desastres naturales y apagones por deficiencias en el sistema eléctrico pueden ser incluidos en potenciales indagaciones, entre otros cuestionamientos.
La misiva además hace referencia al impacto de la Ley 22 que otorga exenciones contributivas a extranjeros a cambio de que se establezcan en la isla e inviertan en el desplazamiento de boricuas.
“El incremento de capital extranjero debido a la creación de Puerto Rico como paraíso fiscal ha proliferado el uso de alquileres a corto plazo (STR), incrementado las ventas de viviendas mediante pago en efectivo y la especulación del mercado y ha causado el desplazamiento de la gente de Puerto Rico”, plantean los suscribientes.
La carta además fue firmada por Barbara Lee (California), Adriano Espaillat (Nueva York), Eleanor Holmes Norton (D.C.), Rashida Tlaib (Michigan), Crissy Houlahan (Pennsylvania), Nanette Díaz Barragán (California), Raúl M. Grijalva (Arizona), Grace Meng (Nueva York) y Dan Goldman (Nueva York).
Al llamado también se unieron Yomaira Figueroa, directora del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College (CENTRO) en Nueva York, y Deepak Lamba-Nieves, director de investigación del Centro para la Nueva Economía en Puerto Rico.
Datos de esta última entidad divulgados a finales del año pasado revelaron que entre 2014 y 2020, los precios de la vivienda en Puerto Rico aumentaron un 23 % y la media del alquiler subió un 7 %, mientras que el porcentaje de alquileres a corto plazo se incrementó un 10 %.
Los hallazgos de un estudio realizado por Foundation for Puerto Rico (FPR) añaden factores como la crisis económica a largo plazo, el impacto de desastres naturales, la ausencia de títulos de propiedad, las limitaciones impuestas mediante políticas de zonificación y el aumento en el costo de materiales de construcción como parte del problema.
“La crisis de vivienda es un problema que lleva más de una década en desarrollo y cuya raíz tiene diversas vertientes. Como parte de este estudio identificamos más de 10 factores que están impactando el mercado de vivienda en Puerto Rico. No se puede adjudicar la limitación de vivienda en la isla a un solo factor, algunos influyen más que otros, pero un conjunto de factores se ha combinado para crear los retos que enfrentamos hoy, y si queremos encontrar soluciones reales a esta crisis como país, primero hay que entender la raíz. Nuestro estudio provee el escenario completo de lo que nos ha llevado a donde estamos, pero más importante aún, propone estrategias para atajar esta crisis”, planteó Alan Taveras, director de desarrollo y mercadeo de FPR sobre el alcance de la investigación.
El reporte de Sin comillas en mayo pasado destaca que el informe arrojó que los alquileres a corto plazo mediante plataformas como Arbnb no son la causa principal de la crisis.
“En nuestro estudio analizamos la cantidad de unidades de vivienda según los datos del censo de 2020 y los STR representan solo el 1.1% del total de las unidades de vivienda en Puerto Rico. Las propiedades de STR representan una pequeña fracción del inventario de vivienda”, explicó por su parte Francis Pérez, gerente de investigación de la fundación.
La anunciada esta semana no es la única iniciativa de Velázquez para tratar de solucionar la problemática y desarrollar un Puerto Rico que permita la inversión extranjera sin minar la población local.
En julio pasado, junto a otros demócratas, pidió a la Oficina de Contraloría General (GAO), a través de una carta, que examine el impacto fiscal de los incentivos otorgados a supuestos inversores extranjeros para que se establezcan en Puerto Rico bajo leyes como la 22 contenidas en el Código de Incentivos del 2019 (Ley 60).
Actualmente, el Servicio de Rentas Internas (IRS) investiga a recipientes de la ley aprobada en el 2012 para determinar si han mentido sobre el tiempo que pasaron en el territorio como “residentes”, así como las fuentes de sus ingresos.
Para ser beneficiario del programa, la ley establece que el solicitante debe demostrar su presencia en la isla durante al menos 183 días del año fiscal.
El fin de la ley es promover la inversión, la creación de empleos, y por ende, el desarrollo económico. Sin embargo, esto no es estrictamente lo que se ha visto en la práctica.
Por Marielis Acevedo
