Imputan al FC Barcelona por cohecho en el caso de los pagos al vicepresidente de los árbitros
El magistrado considera que las trasferencias de más de siete millones de euros se realizaron a un dirigente que tenía la condición de autoridad pública.
El Fútbol Club Barcelona ha sido imputado por un delito de cohecho, según el último auto del juez Joaquín Aguirre, por los pagos de más de siete millones que realizó durante casi dos décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
Hasta ahora a los investigados del ‘caso Negreira’ se les imputaba un delito de corrupción entre particulares.
Ahora, el tipo penal contemplado, que no exige demostrar la adulteración de partidos concretos, conlleva penas más duras, de los tres a los seis años de prisión.
El cohecho requiere tan solo que un funcionario o autoridad pública solicite dinero u otras compensaciones para tomar una decisión injusta en el ámbito de sus competencias, aunque esas medidas no lleguen a tomarse.
17 años de pagos acreditados
Ese pago ya está acreditado, puesto que existe la documentación que demuestra que el club de fútbol hizo las transferencias millonarias a las cuentas de Negreira y de su hijo, Javier Enríquez Romero.
Los pagos se llevaron a cabo reiteradamente entre 2001 y 2018, periodo en los que Negreira era vicepresidente del CTA de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Según el auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, esa institución «tiene el carácter de persona jurídico-pública», por lo que el cargo de Negreira sería equiparable con un funcionario y autoridad y, como tal, estaría obligado a ser «imparcial y tener un trato equitativo con todos los equipos».
El magistrado considera que los pagos a padre e hijo «fueron para que ejecutara actos relativos a su cargo», entre los que podrían estar influir en otros miembros del CTA o puntuar a árbitros para su ascenso o descenso.
Además, el instructor considera evidente que el expresidente del CTA conocía la gravedad de la situación cuando envió al club azulgrana una carta intimidatoria en junio de 2018, amenazando con destapar «todas las irregularidades».
El cambio procesal podría tener consecuencias deportivas. Así, el código ético de la UEFA sanciona el pago de sobornos a autoridades con el objetivo de corromper la competición.
El documento judicial señala que el FC Barcelona pasa a estar imputado de delito de cohecho activo como persona jurídica, mientras que Negreira se enfrenta a la acusación de delito continuado de cohecho pasivo y su hijo al mismo ilícito penal, pero en calidad de cooperador necesario.
Los expresidentes del club deportivo Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler, están acusados asimismo de cohecho activo, además de blanqueo de capitales, falsedad documental y administración desleal.
