Estudios han demostrado, que un agresor de su pareja tiene cinco veces más probabilidades de asesinar, si hay una pistola o un rifle en el hogar.
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, tomó medidas esta semana para defender a toda costa, una ley federal que impide que las personas bajo una orden de restricción por violencia doméstica, puedan tener acceso a armas de fuego.
La funcionaria neoyorquina se unió a una coalición de 25 fiscales generales para presentar una solicitud firme ante la Corte Suprema, ante el caso ‘Estados Unidos contra Rahimi’.
James instó al máximo tribunal a preservar esta herramienta fundamental destinada a proteger a los sobrevivientes de abuso doméstico.
El caso involucra a Zackey Rahimi, quien estaba bajo una orden de restricción por violencia doméstica en Texas por agredir a su novia y, por lo tanto, se le prohibió poseer armas. Posteriormente, estuvo involucrado en múltiples tiroteos. Luego fue acusado de posesión de un arma de fuego, mientras estaba bajo una orden de restricción.
Rahimi impugnó el estatuto federal y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, argumentando que la Segunda Enmienda prohíbe desarmar a personas bajo órdenes de protección por violencia doméstica.
El tribunal declaró en primera instancia que la ley federal de 1994, violada por Rahimi, no era coherente con la Segunda Enmienda ni con las tradiciones jurídicas estadounidenses. Según la sentencia, las personas sobre las que pesa una orden de alejamiento por violencia doméstica, no pierden su derecho constitucional a poseer armas de fuego.
Estela de violencia
Este hombre estuvo involucrado en un tiroteo meses después de estar envuelto en un accidente vehicular, donde disparó repetidamente contra el otro conductor, según registros judiciales.
Un año después, amenazó a una mujer con un arma y fue acusado de agresión agravada.
En 2021, disparó varios tiros al aire, después de que la tarjeta de crédito de su amigo fuera rechazada en un restaurante de comida rápida cerca de Fort Worth.
El escrito presentado por la coalición de fiscales, insta a la Corte Suprema a anular cualquier acción del tribunal inferior, que atienda de cualquier forma, la solicitud específica de Rahimi.
“Mantener las armas fuera del alcance de abusadores domésticos peligrosos es una manera sensata de salvar vidas. Casi todos los estados del país tienen algún tipo de ley que prohíben que elementos bajo órdenes de restricción activa, tengan acceso a las armas. Con estas normas jurídicas razonables, utilizaré toda la fuerza de mi cargo para proteger a los neoyorquinos de la violencia armada”, dijo la Fiscal General.
La coalición señala que los estudios han demostrado, que un abusador tiene cinco veces más probabilidades de asesinar a su pareja íntima, si hay un arma de fuego en el hogar. Este tipo de armas son la principal causa de homicidios de parejas íntimas. Más que todas las demás armas combinadas.
En Estados Unidos, el 80 por ciento de estas víctimas de homicidio son mujeres. Las embarazadas y personas de color son desproporcionadamente blanco de la violencia de pareja.
En el escrito, la Fiscal General y la coalición argumentan que derogar la ley federal existente, haría más difícil proteger a los sobrevivientes de abuso doméstico.
Los fiscales generales también señalan que, además de la ley federal, 46 estados, el Distrito de Columbia y varios territorios tienen leyes que limitan la capacidad de quienes están bajo una orden de restricción por violencia doméstica, para acceder a armas de fuego.
Estos estatutos reflejan el hecho establecido de que los perpetradores de abuso doméstico pueden ser excepcionalmente peligrosos.
El grupo de fiscales afirma que el fallo del tribunal inferior podría afectar negativamente estas leyes existentes y, por lo tanto, dificultar la protección de la vida y la seguridad de los estadounidenses.
La iglesia hace su petición
Esta semana la Conferencia Episcopal del país también clamó para confirmar la ley federal que prohíbe portar armas de fuego a las personas con órdenes de alejamiento en el ámbito familiar.
“Como enseña la Iglesia, y demuestran las tradiciones históricas de esta nación, el derecho a portar armas no es una licencia sin condiciones que debe dejar a los miembros vulnerables de la familia vivir con miedo. Las víctimas de abusos son precisamente las personas a las que un gobierno justo tiene la tarea de proteger. La Segunda Enmienda no es una barrera para su seguridad”.
El llamado de los obispos de EE.UU. afirma que tienen interés en el caso ‘Estados Unidos contra Rahimi’ porque creen que es especialmente importante avanzar en “la protección de la dignidad y el bienestar de las personas vulnerables y desfavorecidas que viven bajo la amenaza de la violencia”.
El escrito argumentaba que el Congreso tiene ‘autoridad legítima para desarmar’ a aquellos que han demostrado que suponen un peligro real para sus allegados.
El llamado argumenta que la sentencia del Quinto Circuito no reconoce las primeras tradiciones americanas de protección de las esposas frente al abuso doméstico. Y no se compromete con los siglos de desarrollo de las protecciones legales para las víctimas de violencia doméstica.
El Dato:
80% de estas víctimas de homicidio son mujeres. Las embarazadas y personas de color son desproporcionadamente blanco de la violencia de pareja.
