El gobierno de Australia, liderado por el primer ministro Anthony Albanese, ha dado un paso significativo en la protección de la salud mental de los menores de edad en el contexto de su interacción con las redes sociales. El mandatario australiano, que ya había expresado su preocupación en septiembre del año pasado acerca del acceso de los jóvenes a estas plataformas, ha presentado una propuesta legislativa que pretende establecer una edad mínima de 16 años para el uso de redes sociales en el país. Esta medida busca mitigar los efectos negativos que el uso excesivo de plataformas digitales puede tener sobre el bienestar emocional y psicológico de los niños y adolescentes.
La propuesta fue anunciada por Albanese en una rueda de prensa en Camberra, donde detalló que el Consejo de Ministros aprobó la decisión el pasado lunes. De ser aprobada, la legislación prohibiría el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, lo que obligaría a los padres a ser más firmes en cuanto a la supervisión de las actividades digitales de sus hijos. En este sentido, Albanese explicó que, con esta ley, los padres tendrían el respaldo legal para prohibir a sus hijos el acceso a estas plataformas, indicando que violar la ley sería ilegal, al igual que otras normativas que limitan el acceso de los menores a otros productos o servicios, como el alcohol.
El proyecto de ley que será debatido en el Parlamento en las próximas semanas estipula que no se impondrán sanciones a los menores ni a los padres que permitan el acceso de sus hijos a redes sociales, sino que la responsabilidad recaerá sobre las plataformas digitales para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa. En este sentido, las redes sociales deberán implementar medidas efectivas para evitar que los menores de 16 años accedan a sus servicios. La Comisión Australiana de Seguridad Electrónica será la encargada de supervisar que las plataformas tomen “medidas razonables” para restringir el acceso de los menores.
El gobierno australiano se muestra convencido de que esta legislación marcará un precedente a nivel global en términos de protección infantil en el entorno digital. En palabras de la ministra de Comunicación, Michelle Rowland, el bienestar de los niños es una responsabilidad colectiva y esta legislación se presenta como un ejemplo de cómo los gobiernos deben actuar ante los crecientes riesgos asociados al uso de las redes sociales. Rowland añadió que las plataformas tendrán que demostrar que están tomando medidas activas para prevenir el acceso de menores de 16 años, y las que no cumplan con la normativa podrían enfrentar penalizaciones.
Aunque aún no se ha detallado si se utilizarán métodos biométricos u otras tecnologías controvertidas para verificar la edad de los usuarios, la legislación también prevé excepciones para las plataformas consideradas de “bajo riesgo”. Sin embargo, se espera que afecte a las redes sociales más populares como Instagram, TikTok, Facebook, X (anteriormente conocido como Twitter) y YouTube.
Este tipo de medidas se enmarca dentro de una tendencia internacional en la que varios países están tomando decisiones similares para proteger la privacidad y la seguridad de los menores en el entorno digital. En España, por ejemplo, se estableció una edad mínima de 14 años para acceder a redes sociales, aunque está previsto que se eleve a 16. En Puerto Rico, en julio de 2024, se decretó que solo los mayores de 18 años podrían activar una cuenta en redes sociales, una medida que también ha sido adoptada en algunos estados de EE. UU., como Texas y Florida, donde las edades mínimas varían entre los 14 y los 18 años.
En Nueva York, por su parte, se aprobaron leyes específicas para regular la recopilación de datos de menores de edad, así como para exigir el consentimiento parental para el uso de plataformas que incluyan “hilos adictivos”, basados en algoritmos de recomendación.
Con esta legislación, Australia se une a una creciente red de países que están tomando medidas para limitar el acceso a las redes sociales y proteger a los menores de los riesgos asociados al uso irresponsable de estas plataformas. El gobierno australiano está convencido de que este paso es crucial para salvaguardar la salud mental de los jóvenes y garantizar un entorno digital más seguro y saludable para las futuras generaciones.
