La ley local Callahan v. Carey que fue la rendija por la cual entraron miles de migrantes desde la primavera de 2022, solicitando alojamiento y servicios sociales, se aplicará ahora reduciendo los tiempos de permanencia.
De ahora en adelante la Ciudad de Nueva York tendrá una “flexibilidad adicional” para hacer ajustes a la norma local del “Derecho al Refugio”, vigente desde 1981, la cual ha sido la “puerta de entrada” para que más de 170 mil migrantes que han cruzado la frontera sur, lleguen a la Gran Manzana solicitando hospedaje, alimentos y servicios sociales.
Un acuerdo ratificado por un tribunal, permite al gobierno municipal gestionar la afluencia de recién llegados, de una forma distinta. El objetivo es evitar la presencia de migrantes por meses en los 200 ‘shelters’ de emergencia.
La primera medida que surge de este acuerdo, se dirigirá a proporcionar a los migrantes adultos, 30 días de refugio, sin la posibilidad de volver a solicitar el reingreso al sistema. Habrá excepciones, a menos que el individuo haya demostrado que tiene algún tipo de circunstancia que requiera una “breve cantidad de tiempo adicional en el albergue” o haber recibido una adaptación razonable debido a una discapacidad, subrayó la Ciudad en un comunicado este viernes.
Para apoyar mejor a los adultos más jóvenes, recién llegados, las personas menores de 23 años recibirán 60 días de alojamiento.
El acuerdo no se aplicará a las personas que no son inmigrantes y se alojan en refugios de la ciudad.
Finalmente, la Alcaldía continuará brindando servicios de reemisión de boletos para ayudar a más personas a salir de sus refugios y continuar su camino hacia la autosuficiencia. El acuerdo se aplica sólo a adultos que buscan refugio y no afecta a familias con niños.
La norma de derecho a un refugio surgió de una demanda colectiva presentada en 1979 en nombre de hombres sin hogar en Nueva York, que argumentaron que tenían el derecho constitucional a un refugio.
Una realidad diferente
Después de meses de negociaciones entre la Ciudad y la Sociedad de Ayuda Legal que trató de bloquear cualquier modificación al decreto conocido como Callahan v. Carey, ahora la municipalidad tendrá más amplitud legal para hacer cambios en la forma cómo se procesan los migrantes en el sistema de refugio municipal.
Como el alcalde Eric Adams ha argumentado desde el principio de esta crisis, el derecho a refugio establecido hace más de 40 años, cuando el sistema de albergue de la ciudad tenía menos de 2,500 personas a su cuidado, en comparación con las 120,000 personas que tiene actualmente, 65,000 de las cuales son inmigrantes, “nunca tuvo la intención de aplicarse a una crisis humanitaria nacional, como la que enfrenta hoy la ciudad de Nueva York”.
“Hemos liderado la respuesta a una crisis humanitaria nacional, brindando refugio y atención a aproximadamente 183,000 recién llegados desde la primavera de 2022. Pero hemos sido claros, desde el primer día, que el ‘Derecho al Refugio’ nunca tuvo la intención de aplicarse a una población mayor que la de la mayoría de las ciudades del país, que llegaron a los cinco condados en menos de dos años,” sostuvo el mandatario municipal.
El acuerdo legal reconoce esa realidad y otorga a la municipalidad flexibilidad adicional en tiempos de crisis.
El mandatario municipal destacó que la Gran Manzana, al igual que las ciudades afectadas en todo el país, no pueden soportar el peso de esta crisis solos, por lo cual se continúa buscando apoyo del gobierno federal, incluidas autorizaciones de trabajo aceleradas, más fondos y una estrategia nacional de reasentamiento.
“Cuando se llegó al acuerdo original de Callahan, nadie podría haber previsto la crisis migratoria que ha enfrentado durante los últimos dos años. Este nuevo acuerdo refleja la realidad en la que nos encontramos actualmente y nos permite gestionar adecuadamente esta crisis”, explicó la Asesora Legal de la Alcaldía de Nueva York, Lisa Zornberg.
“No es un asunto de flexibilidad”
Ante este anuncio, la congresista republicana de Staten Island, Nicole Malliotakis celebró el acuerdo respaldado por el juez Wayne Ozz y en un comunicado indicó que más que un asunto de “flexibilidad”, finalmente se aclaró que la norma del derecho al albergue, es exclusiva para los neoyorquinos desamparados, no “para los 8 billones de habitantes del mundo que quieran venir a Nueva York a buscar refugio”.
La legisladora enfatizó que la “norma de 30 días” es mejor que la política equivocada de tiempo ilimitado que se había aplicado hasta ahora.
“Ahora exigimos que cierren definitivamente los albergues de Travis y Midland Beach en Staten Island que violan todas las regulaciones de habitabilidad”, concluyó.
Por Fernando Martínez
