domingo 20 de octubre de 2024 6:06 pm
Eddy Tolentino

Ocho pandilleros de la ciudad de Nueva York han sido formalmente acusados de organizar un sofisticado plan de fraude bancario que les permitió apropiarse de más de 10 millones de dólares y casi robar otros 12.6 millones en fondos federales destinados a la ayuda por COVID-19. Este esquema, que involucra a miembros de una pandilla del Bronx, ha sido investigado por diversas agencias federales y locales, incluidas el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), el Servicio Secreto y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los acusados, identificados como miembros de la pandilla “Shiesty 66”, fueron detenidos y acusados de varios cargos, que incluyen corrupción empresarial, falsificación, posesión criminal de bienes robados, entre otros. Los implicados son Souleman Traore (24), Lahaji Traore (24), Amadou Balde (24), Moussa Cisse (23), Abubacarr Daffeh (25), Seth Young (25), Keon Gulley (31) y Sekou Kaloka (29). La fiscal del distrito del Bronx, Darcel Clark, explicó en un comunicado que los pandilleros no solo robaron millones, sino que reclutaron a personas vulnerables como cómplices en su estafa, la cual fue orquestada de forma masiva tanto en el área triestatal como en la Costa Oeste de los Estados Unidos.

El dinero robado fue gastado en artículos de lujo, incluyendo prendas de las marcas Gucci, Burberry, Cartier y Louis Vuitton, así como relojes de alta gama como Audemars Piguet y Rolex. Además, los acusados financiaron viajes a destinos internacionales, como París, Miami y Kuwait, utilizando los fondos obtenidos ilegalmente, detalló Daniel Brubaker, jefe de la División de Nueva York del USPIS.

El caso comenzó a investigarse en noviembre de 2021, después de un tiroteo que atrajo la atención de las autoridades hacia los perfiles en línea de los pandilleros. A través de redes sociales, los miembros de “Shiesty 66” promovían una modalidad de fraude llamada “craqueo de tarjetas”, en la que reclutaban personas dispuestas a compartir sus tarjetas de débito e información bancaria con los estafadores. Luego, los acusados depositaban cheques falsos en las cuentas de sus cómplices, retiraban rápidamente efectivo de los cajeros automáticos y pagaban sobornos a los titulares de las cuentas antes de que estos reportaran los cargos como no autorizados.

Uno de los momentos más impactantes del fraude fue cuando un miembro de la pandilla intentó depositar un cheque robado del Tesoro de los Estados Unidos por un valor de 12.6 millones de dólares, dinero que estaba destinado al Centro Médico Mt. Sinai como parte de los fondos de ayuda por COVID-19.

Las investigaciones revelaron que este no es un caso aislado. En otro fraude relacionado, un ex empleado de Citibank en Manhattan admitió recientemente haber robado 166,000 dólares a un anciano con demencia, utilizando parte de ese dinero para comprar una motocicleta Harley-Davidson. Además, en 2022, varias docenas de empleados del estado y la ciudad de Nueva York fueron arrestados por participar en préstamos fraudulentos relacionados con la crisis del coronavirus.

Este caso ilustra cómo, durante la pandemia, algunos grupos criminales vieron en los fondos federales de ayuda una oportunidad para enriquecerse ilícitamente. Por ejemplo, un grupo de pandilleros vinculados al “drill rap” en Brooklyn también fue acusado de convertir el programa de desempleo por COVID-19 en su fuente de ingresos, obteniendo más de 4 millones de dólares mediante identidades robadas. Estos delincuentes fueron detectados al mostrar ostentación de su riqueza en redes sociales, posando con grandes cantidades de dinero en efectivo y documentando sus viajes costosos.

Este caso refleja una preocupante tendencia de fraude durante la pandemia, que continúa siendo combatida por las autoridades. Por el momento, los pandilleros del Bronx enfrentan un largo proceso judicial en el que se determinará su responsabilidad. Todos los cargos presentados son meras acusaciones y los implicados son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal.

Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com.

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