El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó este lunes que 25 personas fueron asesinadas durante las protestas violentas que se desataron los días 29 y 30 de julio, tras el desconocimiento por parte de un sector de la oposición de los resultados que le dieron al presidente Nicolás Maduro un tercer mandato.
«Hasta ahora, todas estas muertes pueden ser atribuidas a grupos delincuenciales instrumentalizados a través de los mal llamados ‘comanditos’», sostuvo el funcionario en una reunión conjunta del Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la Nación.
Del mismo modo, apuntó que 192 personas resultaron heridas a consecuencia de la acción de grupos violentos, de las cuales «más de la mitad, 97 heridos, pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado»: 58 a la Policía Nacional Bolivariana, 32 a la Guardia Nacional Bolivariana, seis a policías estatales y uno a la Policía Científica.
En este contexto, Saab denunció a la así llamada «Misión de Determinación de Hechos de la ONU», una instancia informal con la que se pretende acusar a la nación suramericana de violar masivamente los derechos humanos sobre la base de información falaz colgada en una página web. «Se quiere atribuir una investigación que no le compete», apuntó.
«Vamos a precalificar delitos muy importantes […]: homicidio premeditado con alevosía por motivos fútiles e innobles, porte ilícito de arma de fuego, asociación para delinquir y terrorismo», advirtió.
Daños materiales
En relación con los daños materiales refirió asaltos contra 21 escuelas de educación primaria, siete escuelas de educación inicial, 34 liceos, 12 universidades, 10 sedes del Consejo Nacional Electoral, 10 sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela, la sede principal del Ministerio de Vivienda, y las alcaldías de Carirubana, Quíbor y Sotillo.
A esto sumó 11 instalaciones del Metro de Caracas, un tren en Valencia y 38 autobuses, así como 12 patrullas y 15 motocicletas pertenecientes a cuerpos de seguridad, mientras que en cuanto a los centros de salud precisó que 37 de ellos sufrieron alguna agresión.
Finalmente, comentó que quienes participaron de la violencia postelectoral afectaron seis sedes de almacenamiento de alimentos, 10 sedes de comando de policías, una estación de radio y 27 monumentos y estatuas, pero también perpetraron «ataques cibernéticos contra 25 dominios de instituciones del Estado».
