Trump busca desestimar caso judicial mientras se pospone su sentencia indefinidamente
NUEVA YORK – El caso judicial contra Donald Trump, relacionado con un pago por silencio durante su primera campaña presidencial, ha dado un nuevo giro. El juez Juan M. Merchán, encargado de supervisar el caso en Nueva York, anunció que la sentencia, originalmente programada para el 26 de noviembre, no se llevará a cabo en esa fecha. En cambio, se ha pospuesto de forma indefinida mientras el equipo legal de Trump argumenta por qué el caso debería ser desestimado tras su reciente elección como presidente de los Estados Unidos.
Cronograma actualizado
El juez Merchán ha solicitado al equipo de defensa que presente su moción de desestimación antes del 2 de diciembre. Por su parte, la Fiscalía del Distrito de Manhattan tiene hasta el 9 de diciembre para responder a estas nuevas alegaciones legales.
El caso, que en mayo resultó en una condena contra Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales, plantea cuestiones legales complejas relacionadas con la inmunidad presidencial y los límites de las investigaciones penales durante una transición de poder.
Posición de la defensa
En una carta al juez Merchán, los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bove, argumentaron que la Constitución y la Ley de Transición Presidencial de 1963 exigen la desestimación inmediata del caso para facilitar una transición de poder sin interrupciones.
La defensa también citó la inmunidad presidencial, argumentando que Trump, como presidente electo, no puede ser procesado. “La Constitución prohíbe que un fiscal local interfiera con las funciones de un presidente elegido democráticamente”, afirmaron los abogados.
Además, señalaron que el fallo reciente de la Corte Suprema, que protege a expresidentes de ser procesados por acciones tomadas durante su mandato, refuerza su argumento. Según ellos, ciertas pruebas admitidas durante el juicio no deberían haberse utilizado, incluyendo documentos financieros presidenciales y testimonios de asesores de la Casa Blanca.
Respuesta de la Fiscalía
El fiscal de distrito Alvin Bragg rechazó la idea de desestimar el caso, aunque mostró disposición para retrasar la sentencia hasta después del próximo mandato de Trump. Bragg enfatizó la importancia de equilibrar los intereses constitucionales con el respeto al veredicto del jurado.
Contexto del caso
El caso gira en torno al pago de $130,000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016, realizado para evitar que revelara detalles sobre una supuesta relación con Trump. Los fiscales alegan que los registros comerciales fueron alterados para encubrir el verdadero propósito de los pagos, con el objetivo de proteger la imagen pública de Trump durante su primera campaña presidencial.
El exabogado de Trump, Michael Cohen, testificó que adelantó el dinero y que fue reembolsado posteriormente mediante pagos que la empresa de Trump registró como honorarios legales. Los cheques, muchos de ellos firmados por Trump mientras estaba en la Casa Blanca, se utilizaron como evidencia clave durante el juicio.
Implicaciones legales y políticas
La condena inicial en mayo marcó un precedente como la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrentó cargos penales. Ahora, la posición de Trump como presidente electo añade una nueva capa de complejidad.
Si el caso avanza, podría plantearse la posibilidad sin precedentes de sentenciar a un exmandatario que está a punto de asumir nuevamente el cargo más alto del país. Por otro lado, si se desestima, podría generar un debate sobre el alcance de la inmunidad presidencial y las ramificaciones legales para futuros líderes.
Mientras tanto, Trump continúa luchando para trasladar el caso a un tribunal federal, argumentando que las circunstancias del juicio inicial no consideraron adecuadamente su estatus como figura política de alto perfil. Aunque un juez federal negó previamente esta solicitud, Trump ha apelado la decisión.
La resolución de este caso no solo determinará el destino legal de Trump, sino que también podría sentar un precedente sobre cómo se manejan los casos penales que involucran a altos funcionarios en funciones o presidentes electos.
Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com
