SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader aclaró esta tarde que no es obligatoria la disposición emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), que exige a los servidores del sector presentar las facturas de pago de servicios de energía eléctrica y agua potable.
El Mandatario explicó que la finalidad de esta disposición es, en algunos casos, apoyar a los empleados públicos con salarios más bajos mediante el programa Bonoluz. Durante su participación en el programa La Semanal con la Prensa, Abinader enfatizó que esta medida no puede acarrear penalidades ni consecuencias.
«Esa disposición tiene una intención, y solo puede tenerla si es voluntaria. No puede tener ninguna penalidad ni consecuencia. Lo que busca es apoyar a los empleados públicos de menor nivel salarial con el bono luz. No tiene mayores consecuencias que dar el ejemplo y coordinar», indicó el presidente.
Asimismo, Abinader señaló que la disposición del MAP podría tener efectos positivos para los empleados con menores ingresos, al facilitar el acceso al Bonoluz, reiterando que no es una medida obligatoria.
El pasado 21 de octubre, el MAP emitió la circular 018031, instruyendo a todos los entes y órganos del Estado a través de sus direcciones de Recursos Humanos a recopilar datos sobre el cumplimiento de pago de servicios públicos de los empleados gubernamentales. Esta medida busca mejorar la calidad de los servicios públicos y asegurar el cumplimiento de normativas vigentes, actualizando las bases de datos del MAP en relación a las obligaciones de pago de agua y energía eléctrica, así como identificar posibles casos en los que estos pagos no se estén realizando.
De acuerdo con la resolución, las direcciones de Recursos Humanos tienen un plazo de 15 días laborables para confirmar si los servidores públicos poseen contratos de energía eléctrica y agua. Si un empleado no tiene alguno de estos servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familiar están y si cumplen con sus obligaciones de pago.
Sin embargo, juristas y otras personalidades han considerado que la medida es inconstitucional y piden su retiro. José Dantés Díaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, calificó la disposición del MAP como inconstitucional, argumentando que irrespeta la dignidad humana y presiona a los servidores públicos a cumplir con estos reportes ante el temor de perder sus empleos.
Por su parte, Ramón Ventura Camejo, extitular del MAP, sostuvo que la resolución debería ser anulada por ser contraria a las relaciones humanas y al orden normativo de la administración pública, al tiempo que menciona que la iniciativa desconoce principios elementales de gestión y disposiciones constitucionales, como el artículo 142, que establece el estatuto de la función pública.
Por: Francisco Núñez, franciscoeditordigital@gmail.com
