Santo Domingo.- A través del Decreto número 453-24, el presidente de la República, Luis Abinader, ha ordenado la creación de la Empresa Minera Dominicana, S.A. (Emidom), una entidad pública de capital 100% estatal, cuyo objetivo principal será la exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos del país, con especial atención a los minerales relacionados con las tierras raras.
La República Dominicana posee un importante potencial en recursos minerales, entre ellos las tierras raras, esenciales para la producción de tecnologías avanzadas, energías renovables y dispositivos electrónicos. La gestión sostenible de estos recursos es clave para fortalecer la soberanía tecnológica y energética del país, además de contribuir al crecimiento económico, científico y tecnológico.
Objetivos de Emidom
Emidom estará encargada de dirigir y coordinar las actividades de exploración y explotación de los recursos mineros estratégicos de la nación. Además, realizará estudios de viabilidad económica y proporcionará consultorías especializadas. También gestionará reservas fiscales mineras, como la Reserva Fiscal Minera “Ávila” en Pedernales, y tendrá la capacidad de establecer contratos y alianzas con empresas internacionales.
Impacto en la economía y el desarrollo nacional
La creación de Emidom impulsará la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos especializados y la generación de empleos de calidad. Esto promoverá un desarrollo socioeconómico inclusivo y equitativo, con un enfoque en la sostenibilidad ambiental y el respeto a las comunidades locales. Se espera que los ingresos derivados de la explotación de los recursos minerales se utilicen para fortalecer las inversiones en infraestructura, educación y salud, contribuyendo así al bienestar de la nación.
Gobernanza y transparencia
La nueva empresa estará bajo la supervisión del Ministerio de Energía y Minas y será administrada por un Consejo compuesto por nueve miembros, encabezado por el ministro de la Presidencia. Emidom operará bajo estrictos estándares de gobernanza y mejores prácticas, garantizando que sus actividades beneficien directamente al Estado dominicano y a la sociedad en su conjunto.
Este decreto reafirma el compromiso del gobierno con el uso sostenible y responsable de los recursos naturales del país, asegurando que su explotación impulse el progreso económico y social de la República Dominicana.
