En los últimos dos años, la ciudad de Nueva York ha brindado albergue y servicios a más de 200,000 migrantes, en cumplimiento de una sentencia judicial de 1981 que le exige proporcionar alojamiento a cualquier persona que lo solicite.
Recientemente, la ciudad intentó detener el envío de migrantes en autobuses desde Texas utilizando una ley de 1817 que penalizaba el transporte de indigentes con el propósito de convertirlos en una carga pública. Sin embargo, la jueza Mary Rosado determinó que esta ley es inconstitucional, ya que los estados no pueden regular el transporte de personas basándose en su estatus económico, y su aplicación violaría los derechos de libre tránsito de las personas.
Este fallo representa un desafío para la administración del alcalde Eric Adams, que ha buscado limitar la llegada de migrantes enviados desde Texas. La ciudad continúa enfrentando la presión de atender a una creciente población migrante, mientras busca soluciones que equilibren sus obligaciones legales y la capacidad de sus recursos.
