El presidente Luis Abinader subió al podio del Palacio Nacional con una sonrisa de satisfacción mientras presentaba los que, según su gobierno, son los logros más significativos de su administración. «Hemos transformado el país», declaró frente a un auditorio repleto de funcionarios y periodistas, mientras proyectaba slides con cifras que, en el papel, pintan un cuadro de progreso sin precedentes: esperanza de vida aumentada a 75.1 años, mortalidad infantil reducida en un 30.8%, 15,000 viviendas nuevas entregadas, y un PIB per cápita que creció un 34.16% desde 2019. Pero mientras el mandatario enumeraba estos avances, en los barrios marginales de Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal, miles de dominicanos se preguntaban si estas estadísticas se traducen en mejoras tangibles en su día a día. «Los números suenan bien, pero ¿dónde está el cambio real?», se pregunta Ramón Díaz, un mecánico de 42 años que vive en Los Mina y que, a pesar de los supuestos avances económicos, sigue luchando para llegar a fin de mes con un salario que no alcanza para cubrir el alza en los precios de los alimentos y el alquiler.
El informe «Logros Gestión del Gobierno Agosto 2020 – Agosto 2025», presentado por el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, destaca mejoras en casi todos los sectores: salud, seguridad, educación, vivienda y economía. En el ámbito de la salud, por ejemplo, el gobierno resalta que la cobertura de seguridad social creció un 110%, con acceso a medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. «Ahora mi mamá recibe sus pastillas sin pagar nada», cuenta María Fernández, una empleada doméstica de 38 años que vive en Villa Consuelo. Sin embargo, en zonas rurales como Pedernales o Monte Plata, muchos aún denuncian falta de especialistas, equipos médicos obsoletos y hospitales sin suministros básicos. «Aquí seguimos muriendo por cosas que se podrían evitar», critica Juan Pérez, un agricultor de 58 años que perdió a su hermano por una apendicitis mal atendida en 2023. La brecha entre el discurso oficial y la realidad en el terreno es evidente: mientras el gobierno celebra avances, muchos dominicanos siguen enfrentando un sistema de salud fragmentado y desigual.
En el tema de seguridad, el gobierno celebra que la tasa de homicidios bajó a 8.3 por cada 100,000 habitantes, la más baja en décadas, y que los feminicidios disminuyeron gracias a operativos como «Garantía de Paz» y la incorporación de 4,000 nuevos agentes policiales. «Ahora me siento más segura caminando por mi barrio», comenta Ana Martínez, una comerciante de Villa Juana. Pero en barrios como Capotillo o Cristo Rey, los residentes señalan que, aunque los homicidios han disminuido, la delincuencia común (robos, asaltos, extorsiones) sigue siendo un problema cotidiano. «Los homicidios bajaron, pero a mí me han robado tres veces este año», relata Luis Gómez, un taxista de 35 años. La percepción de seguridad, parece, no siempre coincide con las estadísticas oficiales, lo que genera un escepticismo generalizado entre la población.
En el ámbito económico, el gobierno destaca que 900,000 personas salieron de la pobreza en cuatro años, que el PIB per cápita aumentó un 34.16% desde 2019, y que la inversión extranjera superó los $4,523 millones. «Ahora tengo un trabajo formal con seguro médico», celebra Ramón Díaz, un joven de 28 años que pasó de vender frutas en la calle a trabajar en una zona franca. Sin embargo, economistas independientes, como Haivanjoe NG Cortiñas, advierten que el crecimiento no ha sido equitativo: mientras el 10% más rico vio aumentar sus ingresos en un 40%, el 40% más pobre solo mejoró un 8%. «El país crece, pero la desigualdad persiste», señala Cortiñas. Además, el costo de vida sigue siendo un dolor de cabeza para la mayoría: aunque el salario mínimo subió, los precios de la canasta básica, la gasolina y los alquileres se dispararon, dejando a muchas familias en una situación de «pobreza relativa» (ganan más, pero alcanza para menos).
En educación, el gobierno resalta que 4.5 millones de niños y jóvenes se benefician de programas ampliados, incluyendo robótica, inglés avanzado y educación técnica. «Mi hijo ahora tiene clases de programación en su escuela», cuenta Elena Rodríguez, madre de un estudiante de 15 años en Santo Domingo Este. Sin embargo, profesores denuncian falta de materiales, aulas superpobladas y salarios que no alcanzan. «Nos piden resultados de primer mundo con recursos de tercer mundo», se queja José Santana, maestro de un liceo en San Cristóbal. Y aunque se han construido nuevas escuelas, en zonas rurales como Elías Piña o Dajabón, muchos niños aún estudian en aulas de madera sin electricidad, lo que evidencia una brecha educativa que el gobierno aún no ha logrado cerrar.