En los colmados de San José de Ocoa, en los parques de La Ciénaga y en las esquinas de Santo Domingo, hay un producto que se vende con la misma naturalidad que un refresco: los cigarros Capital. No es una marca cualquiera. Es el símbolo de un contrabando que ha penetrado hasta los huesos de la economía dominicana, desafiando a las autoridades, burlando los controles fronterizos y creando un mercado paralelo que mueve cientos de millones de pesos al año. Entre julio de 2024 y julio de 2025, las autoridades incautaron 39.5 millones de unidades de cigarros ilegales, pero el 68% correspondía a una sola marca: Capital, fabricada en Dubái y distribuida en República Dominicana como si fuera un producto nacional.
El dominio de Capital en el mercado negro es abrumador. En la segunda mitad de 2024, el Ejército incautó 7.2 millones de unidades de esta marca, y en los primeros siete meses de 2025, la cifra llegó a 5.8 millones. «Es la reina del contrabando», admite un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA). «No solo es la más vendida, sino la más fácil de conseguir. Llega en contenedores desde Panamá y Haití, y se distribuye como si fuera legal». El problema es tan grave que, en algunas zonas, Capital ha desplazado a marcas legales como Nacional. «La gente prefiere Capital porque es más barato y, según ellos, sabe igual», explica un vendedor en La Ciénaga, donde las cajetillas se ofrecen a 125 pesos, menos de la mitad del precio de un paquete legal.
El contrabando de Capital no es un fenómeno aislado, sino parte de un ecosistema criminal que opera con impunidad. Las rutas son variadas: los cigarros entran por Panamá y Haití, y desde allí se distribuyen por tierra y mar. En Dajabón y Valverde, la 4ta Brigada de Infantería incautó 7.9 millones de unidades en un año. En Elías Piña y San Juan, la 3era Brigada decomisó 3.5 millones. Pero estas cifras son solo la punta del iceberg. «Por cada camión que atrapamos, pasan diez», confiesa un militar. «Usan vehículos con falsos compartimentos, motocicletas cargadas, y hasta ambulancias para transportar la mercancía».
Los métodos son cada vez más creativos. En Santiago Rodríguez, el Ejército encontró 78,000 cigarros ocultos bajo un falso piso en un camión. En San Juan de la Maguana, decomisaron tres motocicletas cargadas con sacos repletos de Capital. En Dajabón, un Toyota Corolla conducido por un médico transportaba 80,000 unidades. «Los contrabandistas no tienen límites», señala un agente del Ceccom. «Hemos visto cigarros escondidos en tanques de gasolina, en cajas de frutas, e incluso en ataúdes».
El impacto económico es devastador. Según la DGA, el Estado perdió RD$252 millones en impuestos en solo un año. Pero el daño va más allá: el contrabando financia redes criminales, desincentiva la producción local y afecta la salud pública, ya que estos cigarros no cumplen con los estándares de calidad. «Es un problema de seguridad nacional», advierte Víctor «Ito» Bisonó, ministro de Industria y Comercio. «No solo perdemos ingresos, sino que fortalecemos a las mafias».
El gobierno ha respondido con campañas como «Si vendes cigarrillos ilegales puedes buscarte un lío feo», pero los resultados son limitados. La Ley 17-19 prevé penas de hasta cinco años de prisión para los contrabandistas, pero la aplicación es inconsistente. «Detenemos a alguien hoy, y mañana está vendiendo otra vez», admite un fiscal. Mientras tanto, Capital sigue siendo el rey. «Es un negocio sin riesgo», dice un vendedor. «Si me decomisan, pierdo solo lo invertido. Si no, gano el triple». En un país donde el 40% de la población vive en pobreza, el contrabando de cigarros no es solo un delito: es un sistema económico paralelo que desafía al Estado.