El presidente Luis Abinader enfrentó este domingo una serie de preguntas que ponen en evidencia los tres grandes desafíos de su gestión: el manejo de la deuda pública, la sostenibilidad del modelo turístico y la transparencia en la renovación de la Suprema Corte de Justicia. Durante su participación en LA Semanal con la Prensa, el mandatario defendió con datos su administración, pero sus respuestas dejaron más interrogantes que certezas, especialmente en un momento en que la ciudadanía exige respuestas claras sobre el rumbo económico del país.
Sobre el tema de la deuda, Abinader fue categórico: el 80% de los préstamos contraídos en su gobierno se destinaron a pagar obligaciones heredadas de las administraciones de Leonel Fernández y Danilo Medina. Además, destacó que su gestión es la primera en décadas en reducir la deuda como porcentaje del PIB, pasando del 49.7% al 46.9%. Sin embargo, este argumento choca con una realidad incómoda: el monto total de la deuda sigue siendo el más alto de la historia, superando los 45,000 millones de dólares. Más aún, el servicio de la deuda —los intereses que el Estado debe pagar— ha aumentado en un 50% desde 2020, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia a mediano plazo.
El segundo frente donde Abinader enfrentó escrutinio fue el sector turístico, al que presentó como el gran salvavidas de la economía dominicana. Con un récord de 11.5 millones de visitantes esperados para 2025, el presidente pintó un panorama optimista, destacando que el país tiene capacidad para duplicar su oferta hotelera en los próximos años. Sin embargo, este entusiasmo contrasta con las advertencias de economistas, quienes señalan que la excesiva dependencia del turismo —que representa cerca del 20% del PIB— podría convertirse en un talón de Aquiles si la economía global enfrenta una recesión. Además, Abinader no aclaró cómo se están distribuyendo los beneficios de este crecimiento entre la población, más allá de la generación de empleo en el sector servicios.
El tercer tema espinoso fue la renovación de la Suprema Corte de Justicia, donde el presidente eludió dar explicaciones detalladas sobre por qué ninguno de los jueces evaluados fue confirmado en sus cargos. Su respuesta, limitada a una mención genérica de la Constitución, dejó insatisfechos a quienes esperaban mayor transparencia en un proceso que, históricamente, ha estado marcado por cuotas políticas. Aunque José Ignacio Paliza, presidente del PRM, argumentó que el gobierno ha actuado con «responsabilidad y coherencia», organizaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, han documentado que tres de los cinco jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) tienen vínculos con el partido de gobierno, lo que contradice el discurso oficial de independencia.
Lo que queda claro tras las declaraciones de Abinader es que, aunque el gobierno ha logrado avances en algunos indicadores macroeconómicos, la falta de transparencia en temas clave —como el destino del 20% de los préstamos no destinados a deuda heredada o los criterios para la renovación judicial— sigue generando desconfianza. En un país donde la memoria de crisis económicas pasadas aún pesa, la ciudadanía no solo quiere escuchar cifras optimistas, sino también explicaciones claras sobre cómo estas políticas impactan su vida cotidiana. Mientras el presidente celebra récorde en turismo y reducciones porcentuales de la deuda, muchos se preguntan si estos logros son suficientes para garantizar un futuro económico estable o si, por el contrario, son solo parches temporales que enmascaran problemas más profundos.