Seis países latinoamericanos —Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú— emitieron una declaración conjunta durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, exigiendo el restablecimiento del orden democrático en Venezuela. El documento, firmado el 20 de diciembre, refleja la preocupación regional por la crisis institucional y el éxodo masivo de venezolanos, que ha afectado a toda América Latina.
Libertad para los presos políticos El comunicado exige la liberación inmediata de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, instando al gobierno de Nicolás Maduro a permitir una transición pacífica hacia la democracia. Los firmantes evitaron mencionar sanciones o intervenciones militares, optando por un enfoque diplomático que busque un consenso internacional.
Bolivia cambia su postura histórica La participación de Bolivia en esta declaración es significativa, ya que tradicionalmente ha mantenido una relación cercana con el chavismo. Este cambio sugiere un giro en la política exterior boliviana, alineándose con una postura más crítica hacia el gobierno de Maduro.
Brasil y Uruguay no respaldan el comunicado El presidente Lula da Silva (Brasil) y Uruguay no suscribieron la declaración, argumentando que una presión excesiva podría agravar la crisis humanitaria. Esta división dentro del Mercosur refleja las diferencias sobre cómo abordar la situación en Venezuela, donde algunos países prefieren el diálogo y otros una postura más firme.
Un Mercosur sin consenso Mientras Argentina y Paraguay impulsan una condena clara bajo el Protocolo de Ushuaia, Brasil aboga por una vía negociada. Esta falta de unanimidad refleja las tensiones en la región, donde la crisis venezolana sigue siendo un tema de debate y división.
Compromiso de seguimiento Los seis países firmantes se comprometieron a vigilar la evolución de la crisis en Venezuela y a presionar por el restablecimiento de la democracia. Este comunicado se suma a los esfuerzos de la OEA y otros organismos que exigen libertad y derechos humanos en el país.
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