El proyecto que el Senado brasileño prevé votar este miércoles es la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 221/2019, aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de mayo en dos vueltas —con 472 votos a favor y 22 en contra en la primera, y 461 contra 19 en la segunda—, una mayoría muy superior a los tres quintos exigidos para una reforma constitucional.
Su contenido: eliminar la escala 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso, vigente para casi 40 millones de brasileños desde hace décadas), establecer dos días de descanso remunerado por semana —uno de ellos preferentemente el domingo— y reducir la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales, con prohibición explícita de cualquier reducción salarial.
La transición sería gradual: a los 60 días de la promulgación, la jornada bajaría a un máximo de 42 horas semanales con los dos días de descanso garantizados por ley; doce meses después, la carga quedaría fijada en 40 horas.
Para ser aprobada en el Senado, la PEC necesita al menos 49 votos a favor —el 60% de los 81 senadores— en dos turnos de votación. El presidente de la Cámara Alta, Davi Alcolumbre, fijó un calendario de cinco sesiones de debate antes del primer turno y otras tres antes del segundo, con una votación posible el 15 de octubre, apenas diez días antes del balotaje. Aún no está claro que el gobierno reúna los apoyos suficientes.
El propio Lula calificó la aprobación en Diputados como un «logro histórico y civilizador». El texto es una enmienda sustitutiva del diputado Léo Prates que unifica propuestas previas de Reginaldo Lopes y Erika Hilton, y recibió en mayo un respaldo político amplio, incluso de legisladores vinculados al espacio de Jair Bolsonaro.
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