Un corredor marítimo letal
El canal que separa República Dominicana de Puerto Rico se ha convertido en una de las rutas migratorias más mortíferas del Caribe. La tragedia del 28 de septiembre —tres muertos y 12 desaparecidos tras el naufragio de una yola con 64 personas a bordo— reavivó las alarmas federales sobre un flujo clandestino que no cesa y que dejó otro episodio demoledor en 2023, con la muerte de un niño haitiano de tres años (Noticias SIN, El Nuevo Día).
El incremento de los viajes
Yariel Ramos, director en Puerto Rico del HSI, confirmó un dato preocupante: «En los últimos dos meses ha incrementado» la cantidad de embarcaciones con inmigrantes intervenidas. «Ellos esperan el momento oportuno. Hacen sus análisis, hacen su propia inteligencia», explicó el agente sobre los traficantes que aprovechan las condiciones meteorológicas y la ventaja táctica para lanzar sus operaciones (El Nuevo Día, Primera Hora).
El precio de un sueño
Las cifras del negocio son claras: quienes intentan el cruce pagan entre $1,000 y $5,000 por un lugar en embarcaciones precarias y saturadas. Ramírez Carbó advirtió que los riesgos incluyen naufragios, accidentes, muertes y abusos sexuales durante la travesía, e hizo un llamado a utilizar las vías legales de entrada a Puerto Rico para evitar más pérdidas humanas (Diario Libre, Metro).
La respuesta judicial
Frente al fenómeno, la Fiscalía federal en San Juan radicó nueve cargos contra los tres dominicanos vinculados al naufragio —Castillo Cabrera, Montilla Espíritu y De la Rosa Mercedes—, cuyas penas potenciales llegan hasta la muerte por inyección letal. La pesquisa abarca también posibles ángulos de trata humana y explotación, incluyendo la «venta de niños», que Ramírez Carbó confirmó como línea de investigación activa (El Nuevo Día, El Nuevo Día).
La maquinaria de cooperación
El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) que respalda la investigación reúne a un ejército institucional: FBI, HSI, CBP, DEA, ATF, IRS, Guardia Costera, Servicio de Alguaciles, Departamento de Estado y Servicio Secreto, entre las agencias federales, además de la Policía de Puerto Rico, policías municipales, la Guardia Nacional y la Policía de las Islas Vírgenes. Con personal de enlace en territorio dominicano, la justicia federal persigue ahora a los cerebros financieros de las redes, aunque admite que no podrá interceptar todos los viajes: «Los viajes siempre están, y siempre estarán estos traficantes de personas que los van a incitar a venir», reconoció el fiscal (El Vocero, El Nuevo Día).
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