El Ministerio Público ha solicitado penas de 25 y 15 años de prisión para los miembros de una red de trata de personas, desarticulada en agosto de 2022 durante la Operación Cattleya. La solicitud fue presentada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, acusando a los imputados de explotación sexual y tráfico ilícito de migrantes.
La titular de la PETT, Yoanna Bejaran Álvarez, junto a los fiscales Aleika Almonte, Ginna Matías, Noelia Tavera y Eduardo Velásquez, solicitaron 25 años de reclusión y una multa de 150 salarios mínimos para los principales acusados. Para otros implicados, pidieron 15 años de prisión y una multa de 100 salarios mínimos.
La acusación detalla que los imputados captaban, trasladaban y explotaban sexualmente a mujeres extranjeras, utilizando falsas promesas de empleo. Además, enfrentan cargos por asociación de malhechores y lavado de activos. El Ministerio Público ha demostrado la vinculación de los acusados, quienes coordinaban sus actividades delictivas a través de grupos de WhatsApp y redes sociales.
