Por: Eddy Tolentino
La Vega, R.D. – La demolición de un edificio de apartamentos en el sector Despradel de La Vega, realizada hace cuatro meses por orden del Ministerio de Interior y Policía, ha generado una fuerte controversia que ahora escala a los tribunales.
Un propietario del inmueble demolido interpuso una demanda por RD\$50 millones de pesos contra la ministra Faride Raful, alegando que la acción fue realizada sin su consentimiento y en violación de su derecho constitucional a la propiedad privada.
La versión oficial
La demolición fue avalada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), que determinó que la edificación presentaba *alto riesgo estructural* con alta probabilidad de colapso.
Según Interior y Policía, la medida fue adoptada con consentimiento del propietario, como acción preventiva para salvaguardar la vida de las familias de la zona y evitar una tragedia.
La versión del demandante
El afectado sostiene que el consentimiento presentado no incluía a todos los dueños de apartamentos dentro del edificio, por lo que la demolición fue “ilegal y arbitraria”. Afirma que perdió su patrimonio sin recibir compensación ni reubicación.
En consecuencia, responsabiliza directamente a la ministra Faride Raful, señalándola como autora de una decisión que lo dejó en la ruina y que, según él, se tomó sin agotar el debido proceso judicial.
El trasfondo: seguridad vs. propiedad
El caso pone en evidencia un **choque entre dos derechos fundamentales**:
*El derecho a la vida y la seguridad ciudadana, defendido por el Estado al justificar la demolición.
El derecho a la propiedad privada, que reclaman los afectados, quienes piden reparación económica.
La lección del derrumbe de la discoteca JetSet
Este debate cobra aún más fuerza tras la tragedia de hace cuatro meses, cuando el colapso de la discoteca **JetSet** dejó **más de 234 muertos** y marcó un antes y un después en la discusión sobre edificaciones vulnerables en República Dominicana.
Para muchos, este hecho evidencia que el Gobierno debe actuar con firmeza y radicalidad en casos donde la vida de los ciudadanos está en peligro, aun si eso significa entrar en conflicto con intereses privados.
¿Qué viene ahora?
El proceso judicial contra la ministra Raful definirá un precedente importante:
Si la justicia falla a favor del demandante, el Estado podría verse obligado a indemnizar con sumas millonarias en futuros casos similares.
Si, por el contrario, se confirma que la demolición estuvo plenamente justificada, el fallo reforzaría la potestad del Estado de priorizar la seguridad nacional por encima de la propiedad privada en situaciones de riesgo estructural.
Conclusión editorial
La demanda contra Faride Raful abre un debate crucial en el país. Mientras algunos ven la demolición como un acto responsable del Estado, otros lo interpretan como un abuso contra los derechos ciudadanos. Lo cierto es que, tras la tragedia del JetSet, República Dominicana no puede permitirse ambigüedades: la *seguridad de la gente debe ser prioridad absoluta*, pero también lo debe ser la justicia y la transparencia en las decisiones del Gobierno.