El caso de la niña de cuatro años secuestrada en México y retenida en República Dominicana no solo es una historia de reencuentro familiar, sino también un ejemplo de cómo la cooperación judicial internacional puede lograr justicia en casos complejos de secuestro transnacional y trata de personas.
Los Hechos: Un Secuestro Planificado
En 2021, durante un viaje familiar a Guadalajara, México, Miguel Antonio Torres Hernández —quien se hacía pasar por el padre biológico de la niña, aunque no aparecía en su acta de nacimiento colombiana— retenuvo ilegalmente a la menor, falsificó sus documentos y la trasladó a República Dominicana. Allí, con la complicidad de Viviana Villarreal Cambero, la niña fue registrada bajo una identidad falsa, mientras su madre en Colombia desconocía su paradero.
El caso tomó un giro decisivo cuando las autoridades mexicanas activaron una Alerta Amber Internacional, lo que permitió a la Interpol localizar a la niña en Santo Domingo, en una residencia del sector Bella Vista.
La Investigación en República Dominicana
Una vez localizada la niña, la Procuraduría General de la República Dominicana, en coordinación con la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), inició una investigación penal contra Torres Hernández y Villarreal Cambero por violación a la Ley 136-03 (protección de la niñez), Ley 137-03 (trata de personas) y el Código Penal dominicano.
Torres Hernández fue arrestado y actualmente cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que Villarreal Cambero enfrenta una garantía económica de RD$800,000, prohibición de salir del país y presentación periódica ante las autoridades.
El Proceso de Identificación y Repatriación
La niña fue sometida a un programa especializado del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, diseñado para recuperar su identidad y reintegrarla con su madre biológica. Una prueba de ADN confirmó el parentesco con un 99.9% de certeza, lo que permitió iniciar los trámites para su repatriación a Colombia.
«Este caso fue especialmente complejo porque la niña había sido privada de su identidad durante tres años», explicó un fiscal del Distrito Nacional. «Tuvimos que trabajar con psicólogos y trabajadores sociales para garantizar que el reencuentro con su madre fuera gradual y seguro».
La Cooperación Internacional Clave
La Interpol jugó un papel fundamental en la localización de la niña y en la coordinación entre las autoridades de México, República Dominicana y Colombia. El 23 de julio de 2025, la madre de la menor fue recibida en las oficinas de la DINNAF, donde se iniciaron los preparativos para el rescate y la reintegración familiar.
«Sin la colaboración de la Interpol y las autoridades mexicanas y colombianas, este caso no habría tenido un final feliz», declaró un portavoz de la Procuraduría General.
El Juicio y las Penas Esperadas
Torres Hernández y Villarreal Cambero enfrentan cargos por:
- Secuestro internacional de menores (Ley 136-03).
- Trata de personas (Ley 137-03).
- Falsificación de documentos (Código Penal dominicano).
Las penas podrían superar los 10 años de prisión, dependiendo de los agravantes que se demuestren durante el juicio. «Este caso envía un mensaje claro: los delitos contra la niñez no quedarán impunes en República Dominicana», afirmó un fiscal.
El Futuro de la Niña y su Madre
Tras su retorno a Colombia, la niña y su madre reciben apoyo psicológico para superar las secuelas del secuestro. «El proceso de reintegración será largo, pero estamos comprometidos a acompañarlas», declaró un representante del Centro de Atención a Víctimas.
Mientras tanto, las autoridades dominicanas continúan investigando la red de complicidad que permitió el secuestro y la falsificación de documentos. «Este caso es un ejemplo de cómo la justicia transnacional puede proteger a los más vulnerables», concluyó el portavoz de la Procuraduría.