El traslado de familias que han vivido durante décadas bajo el Puente de la 17 en Santo Domingo ha reavivado el debate sobre gentrificación, vivienda digna y justicia social en República Dominicana. Mientras la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) avanza con el proceso, los residentes denuncian que las compensaciones económicas son insuficientes y que el Estado no ofrece alternativas reales para una vivienda digna.
Gentrificación y desplazamiento forzado
El Puente de la 17 ha sido hogar para cientos de familias durante décadas, muchas de las cuales han construido sus vidas en ese espacio. Sin embargo, con el proceso de readecuación urbana, estas familias se ven obligadas a abandonar sus hogares sin recibir una compensación justa.
«Nos dicen que esto es por el desarrollo de la ciudad, pero ¿desarrollo para quién? Nosotros no tenemos adónde ir», cuestionó Juan Carlos, quien ha vivido 43 años bajo el puente y recibió RD$750,000 por su vivienda, un monto que considera insuficiente para comprar una casa en el mercado actual.
Compensaciones que no garantizan una vivienda digna
Muchos residentes, como Annerys Tavares, quien recibió RD$250,000 por una casa de madera que alquilaba, denuncian que los montos ofrecidos por URBE no alcanzan para adquirir una vivienda en condiciones decentes. «Con ese dinero no puedo comprar nada. Ahora tendré que alquilar, y con los precios actuales, no sé cómo voy a pagar», expresó.
Otros, como Yissel Estrella Delgado Caraballo, aún no han recibido la compensación prometida desde 2019. «Me dijeron que me darían un monto, pero hasta ahora nada. ¿Cómo voy a moverme sin recursos?», se preguntó.
Resistencia y lucha por una solución justa
Aún quedan varias familias que se resisten al traslado. Martínez Medina Ferreras, quien lleva más de 20 años en el lugar, se niega a aceptar el monto ofrecido porque no cubre el valor de su vivienda. «Aquí nací, aquí crecí, aquí tengo mi vida. No me voy a ir por un dinero que no me alcanza ni para alquilar», declaró con firmeza.
El proceso de traslado: Entre la supervisión y la demolición
URBE asegura que el proceso es voluntario y que las familias son notificadas con antelación. Luis Alcántara, supervisor de la entidad, explicó que se les ofrece transporte en minibuses con aire acondicionado y servicio de mudanza. Sin embargo, los residentes denuncian que el proceso es forzoso. «Nos dicen que es voluntario, pero si no aceptamos, nos dejan sin nada. ¿Dónde está la opción?», cuestionó una vecina.
El futuro del espacio: Demoliciones y planes inciertos
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) demuele las estructuras una vez que las familias son trasladadas. Wilton Fernández, ingeniero civil de la obra, informó que se colocarán vallas para evitar nuevas ocupaciones y que, para octubre de 2025, está prevista la entrega de un nuevo destacamento policial en la zona.
Mientras tanto, familias como la de Natalí, quien vivía con su esposo en una casa heredada, se enfrentan a un futuro incierto. Su vivienda fue tasada en RD$300,000, un monto que considera irrisorio para el mercado actual. «Nos quedaremos en la calle si nos sacan. No tenemos adónde ir», advirtió.
Un llamado a repensar las políticas de vivienda
El caso del Puente de la 17 refleja un problema más amplio en República Dominicana: la falta de vivienda asequible y la gentrificación que desplaza a familias de bajos ingresos sin ofrecerles alternativas reales. «El Gobierno habla de desarrollo, pero ¿desarrollo para quién? Nosotros solo pedimos una solución justa», declaró Juan Carlos, mientras observaba cómo su hogar de cuatro décadas era derribado.