El mapa de México está manchado de sangre, pero hay zonas donde el color rojo se vuelve casi negro. Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz son solo algunos de los estados donde los carteles han convertido el secuestro de migrantes en un negocio tan lucrativo como el narcotráfico. La historia de Daniel Cabreja, el dominicano asesinado después de dos meses de cautiverio, es solo la punta de un iceberg que hunde a cientos de familias cada año en el dolor y la impunidad.
Los hombres que secuestraron a Daniel no eran agentes de migración, como se hicieron pasar, sino miembros del Cártel del Noreste, una de las facciones más violentas que operan en la frontera con Estados Unidos. Según testimonios de sobrevivientes y datos de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, esta organización criminal, junto con el Cártel del Golfo y los remanentes de Los Zetas, ha perfeccionado un modus operandi que comienza con retenes falsos y termina, en el mejor de los casos, con un rescate pagado; en el peor, con un cadáver en una fosa clandestina.
«Nos secuestraron en un retén falso cerca de Nuevo Laredo», relata José, un migrante hondureño que logró escapar del mismo grupo que mantuvo cautivo a Daniel. «Llevaban uniformes de migración y nos dijeron que éramos detenidos por estar en el país ilegalmente. Pero cuando vimos las armas AK-47 y nos separaron, supimos que no eran agentes». José, que pagó US$5,000 por su libertad, describe cómo a Daniel lo separaron del grupo porque sus captores sabían que su familia en Estados Unidos podría pagar más. «Lo tenían en un cuarto con otros cinco. Cada día lo sacaban a golpear. A uno le rompieron los dientes con un martillo. A Daniel lo obligaban a cavar hoyos bajo el sol. Decían que era su tumba».
Las cifras son escalofriantes. Según la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, en lo que va de 2025 se han registrado más de 1,200 secuestros de migrantes, con 89 dominicanos entre los desaparecidos o asesinados. Solo el 5% de estos casos se resuelve. «México se ha convertido en el país más peligroso para migrar, incluso más que el Triángulo Norte de Centroamérica», advierte Javier Urbano, investigador de la organización Sin Fronteras. «Los carteles ven a los migrantes como mercancía. No les importa si son dominicanos, hondureños o salvadoreños. Lo único que ven es cuánto dinero pueden sacar de sus familias».
El problema no es solo los carteles. La corrupción institucional agrava la crisis. En Nuevo Laredo, por ejemplo, se ha documentado cómo agentes de la policía municipal han sido cómplices en entregas de migrantes a grupos criminales. «Aquí la ley no existe», denuncia Pedro Núñez, un migrante salvadoreño que logró cruzar a Estados Unidos en 2024. «Los mismos policías que deberían protegernos son los que nos entregan a los carteles. Si denuncias, te matan. Si no pagas, también».
Para las familias de las víctimas, la impunidad es una herida que nunca cierra. María Altagracia, madre de Daniel, aún no ha podido repatriar el cuerpo de su hijo. «El consulado dice que no tiene fondos», lamenta entre lágrimas. «¿Y mi hijo? ¿No vale nada?». Mientras, en República Dominicana, el Ministerio de Exteriores ha limitado su respuesta a emitir alertas sobre los peligros de migrar por México, pero no ha implementado campañas masivas de prevención ni ha presionado suficientemente al gobierno mexicano para que actúe.
«Hasta que no haya consecuencias reales para los carteles y los funcionarios corruptos, esto seguirá pasando», sentencia Luis García, analista de seguridad. «México se ha convertido en un estado fallido para los migrantes. Y lo peor es que todos saben que pueden salir impunes».