Kathy Hochul, amplió la emergencia luego de solicitar ayuda a Joe Biden, para que el Gobierno se involucre en la crisis migratoria, pero la Casa Blanca se justificó por la falta de “acción” del Congreso.
Nueva York amplió el estado de emergencia debido a la crisis migratoria, lo que permitirá hacer uso de más fondos públicos para alojar y dar asistencia humanitaria a los recién llegados, mientras empiezan las primeras reacciones de algunas comunidades no ven con buenos ojos su acogida.
La gobernadora, Kathy Hochul, amplió la emergencia luego de solicitar ayuda a Joe Biden, para que el Gobierno Federal se involucre en la crisis, especialmente facilitando permisos de trabajo a los solicitantes de asilo, a lo que la Casa Blanca respondió justificándose por una falta de “acción” del Congreso.
En poco más de un año, han llegado a Nueva York más de 100,000 migrantes que los funcionarios han llamado solicitantes de asilo, sobre todo en la Ciudad, que tiene por ley que acogerlos, lo que ha abarrotado el sistema público de refugios y llevado a decenas de albergues temporales.
Hasta el momento, se han inaugurado más de 200 alojamientos provisionales, que incluyen centro de ayuda humanitaria.
Sin embargo, los lugares convertidos en refugios, que van desde hoteles hasta gimnasios temporales, han creado resistencias en sus respectivas comunidades, recientemente en Staten Island, que denunció a la administración local de Nueva York para evitar que una vieja escuela en desuso se convierta en refugio temporal.
De acuerdo con medios locales, el viernes en la mañana hubo tres detenidos en una protesta vecinal contra el uso de la antigua escuela St. John Villa Academy como albergue para un grupo de inmigrantes que ya habían empezado a ser trasladados allí por la administración, y que son familias y mujeres solteras.
El presidente del distrito de Staten Island, Vito Fossella, republicano, anunció una demanda contra la ciudad y un juez falló a su favor, prohibiendo que la administración pueda usar ese espacio como refugio las próximas dos semanas pese a que es de su propiedad desde 2018, según el ABC 7.
Uno de los mayores problemas en la crisis migratoria es la lentitud con la que los recién llegados están procesando sus solicitudes de asilo -que toman varios meses-, lo que retrasa su búsqueda de empleo legal, por lo que tanto el estado como la ciudad han anunciado inversiones para asistir a estas personas en la burocracia correspondiente.
Aparte de eso, la gobernadora anunció un programa para conectar solicitantes de asilo que ya tienen permiso de trabajo federal y oportunidades de empleo, y un portal web para que las empresas indiquen al estado si están abiertas a contratar a los recién llegados.
Con información de EFE
